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La Justicia respalda la medida cautelar adoptada por el Cabildo de intervenir Triana

  • Desestima el recurso presentado por Sercade contra dicha decisión de 2013

Centro de Triana, en Los Llanos de Aridane. Archivo.

La Justicia da la razón al Cabildo Insular de la Palma y apoya las actuaciones emprendidas por la Consejería de Asuntos Sociales para intervenir la gestión que la empresa mercantil Servicio Canario para la Dependencia S.L (Sercade) realizaba en 2013 como concesionaria del servicio público a personas dependientes que se ofrecía en los Centros de Estancia Diurna de El Dorador, Princesa Acerina y Residencial de Triana, todos de titularidad del Cabildo Insular de La Palma, gestionados mediante concesión administrativa.

Así se recoge, según se informa en un comunicado de la Institución insular, en la sentencia emitida por el Juzgado número 4 de los Contencioso Administrativo en la que se desestima el recurso interpuesto por la empresa Sercade contra los acuerdos alcanzados por el Cabildo de la Palma, en el Consejo de Gobierno del 18 de marzo de 2013, para intervenir de manera provisional la gestión de los servicios prestados a personas dependientes.

En el texto de la sentencia, el Juzgado niega que el Cabildo Insular haya "secuestrado la concesión", tal y como alegaba Sercade, y considera que la Corporación "interviene para la adecuada protección de los usuarios del centro (discapacitados físicos y psíquicos), cambiando las personas del director y del psicólogo del centro ante unas quejas y tras una información reservada en la que recaba testimonios sobre el trato a los residentes del centro.

En vista de los argumentos planteados por el Cabildo, la sentencia considera que "está más que motivada la medida cautelar" impuesta por el Cabildo, y "es plenamente proporcionada", por lo que procede a desestimar el recurso contencioso. Además, en caso de que la sentencia sea firme o confirmada por el Tribunal Superior de Justicia, pide que se "comunique al Ministerio Fiscal "al tratarse de personas incapaces, y por si aprecia conductas penalmente relevantes en el proceder de los responsables del centro".

La consejera de Asuntos Sociales, Jovita Monterrey, ha expresado su satisfacción por la resolución recogida en la sentencia.

 

 

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