El Juzgado requiere por tercera vez al alcalde para que cumpla la sentencia de la RPT

El Sindicato Independiente de Policías de Canarias, SIPC, informa en un nota que el Juzgado de lo Contencioso nº 1 de Santa Cruz de Tenerife ha vuelto a requerir, esta vez “personalmente” al alcalde del Ayuntamiento de Breña Alta, obligándolo a cumplir con la sentencia de la RPT, a través de una denuncia de este mismo sindicato que representa a los policías de esta Corporación local.

En una Diligencia de Ordenación que ha sido enviada al Ayuntamiento, la letrada de la Administración de Justicia requiere personalmente al alcalde para que en el plazo “improrrogable” de quince días, señale la fecha de la ejecución de la RPT, remitiendo al juzgado la fecha límite de la aludida ejecución de la sentencia.

En esa misma Diligencia, el juez le indica que “será su señoría el que dicte la fecha de no hacerlo el alcalde”, en sintonía con la parte demandante, previa audiencia con la misma, que no es otra que este sindicato, a través de su delegado.

Al sindicato le llama la atención que el regidor local que es letrado, siga sin cumplir varias sentencias, que llevan ya desde hace más un año, con un “claro desprecio a la justicia, cosa difícil de entender, cuando estamos hablando de una persona con conocimientos jurídicos, y que sabe perfectamente las consecuencias legales de todo ello”.

En otro orden de cosas pero, relacionado también con el incumplimiento sistemático de las sentencias judiciales, indica el sindicato, la semana pasada llegó otro requerimiento judicial en el mismo sentido, esta vez relacionado con los festivos de otro policía.

Recuerdan desde este sindicato que casi todas las reivindicaciones de los trabajadores se han reconocido en el Juzgado, hecho  que debería hacer reflexionar al primer edil, en el sentido de que “algo se ha venido haciendo mal hasta ahora, para tener que ir a reclamar los derechos que se le niegan a los trabajadores al Juzgado, donde casi siempre se les ha dado la razón”.

El sindicato de policía lamenta que sean los ciudadanos, a través de sus impuestos, los que “tengan que pagar los platos rotos de esta situación, dado que no hay que obviar el gasto económico del Ayuntamiento en los procesos judiciales, puesto que todo procedimiento conlleva gastos en abogados, procuradores, etc.., que sufragan los ciudadanos con sus impuestos por la mala gestión”.