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La Plaza
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La "blackarquía"

Los principales partidos políticos españoles se desenvuelven comodamente en un sistema donde el poder del pueblo queda confinado al día de los comicios. Y es que un segundo después de publicarse los resultados electorales, la soberanía popular entra en estado de hibernación y no despierta de su sopor hasta la siguiente cita electoral. En el intervalo, nada impide a la organización vencedora incumplir el cien por cien del atractivo programa que mostró en su escaparate a los ciudadanos.

Ya en el siglo XVIII, el filósofo de la Ilustración Juan Jacobo Rousseau advertía que los gobernantes elegidos no debían soltar amarras de los votantes. Los mandatarios tenían que consultar a los ciudadanos cuando tomaran decisiones que afectaran profundamente a sus vidas o a sus creencias. Aplicada a nuestros días, esta idea equivaldría a someter a referéndum la ley del aborto, la política de recortes, las leyes fiscales, las normas que permiten los desahucios, las que sancionan la corrupción o las decisiones sobre prospecciones petrolíferas frente a las costas canarias.

No es así. La soberanía popular prolonga su letargo hasta el final de la legislatura. Porras, multas, despidos, tasas judiciales, leyes mordazas y chapuzones en alta mar frustran cualquier intento de despertar antes de tiempo. Los ciudadanos inermes se convierten en testigos o en víctimas de las decisiones tomadas por los escogidos. Las autoridades pueden adoptar medidas perjudiciales para sus votantes, escudadas en cualquier expediente: sobrevenido o impuesto, verdadero o falso. Paradójicamente, los gobernantes pueden acogerse a los sufragios emitidos por los ciudadanos para arruinar las vidas de los mismos ciudadanos.

Mientras la soberanía popular sueña a la espera del voto de la gente, la democracia se hace vulnerable. En primer lugar, porque puede degenerar en oligarquía. Los gobernantes, sus correligionarios, las empresas de sus amigos y las instituciones cercanas tendrán más oportunidades de favorecer sus intereses. El margen para saltarse la ley se ensancha y el efecto colateral de perjudicar a la mayoría no importa. La historia asiente y nos anima a que escudriñemos a través de las rendijas del pasado para que veamos como ediles, consejeros, ministros, presidentes y jefes de Estado restringieron derechos y se apoderaron de patrimonios.

En segundo lugar, el letargo de la soberanía popular desinhibe a las autoridades. Al sentirse en la cumbre del Estado y desligados de los electores, los gobernantes dejan aflorar su falta de empatía hacia los ciudadanos. Ante nosotros emerge una élite distante que no se siente ligada a la población por lazos de afecto. Una oligarquía capaz de gritar que "se jodan" a los parados, de negar la pobreza infantil denunciada por Cáritas y Unicef, de permitir los desahucios de miles de familias al año, de negar una pastilla que salva la vida a los enfermos de hepatitis, de indultar a los defraudadores mientras se acosa a las rentas de los asalariados o de consentir a los suyos robar mientras se "recorta" a los ciudadanos. Estamos en presencia de una élite directora que se siente superior al resto de la población por disponer de una titulación académica más alta, por poseer más riqueza y por estar inserta en un entramado de relaciones que le confiere más poder. Un conglomerado que se ha empezado a denominar "casta", porque exuda la variante del racismo que sienten los poderosos. Un clasismo que les hace percibirse distintos y superiores y les libera de compasión cuando salvaguardan sus conveniencias a costa de arruinar la vida a una parte de sus paisanos.

Ustedes podrán argumentar que, transcurridos cuatro años, en la siguiente cita electoral, el pueblo retirará el mando a una formación política con semejante comportamiento. Probablemente, eso resolvería la cuestión si este proceder se limitase al "malhacer" de un partido. Pero no ocurriría igual si el problema radicara en un sistema de gobierno poliédrico, donde las restantes opciones políticas son otras tantas caras de la misma moneda. Un sistema capaz de acusar a los ciudadanos de vivir por encima de sus posibilidades, de condenarles a perder derechos y de castigarles al empobrecimiento sin sentir piedad por sus padecimientos. Todo ello a la vez que las organizaciones y las empresas aledañas a las élites gobernantes desvalijaban en blanco o en "black", por delante o por detrás.

Y es que, durante el periodo entre elecciones, el poder no se ejerce por el pueblo y para el pueblo. Lo desempeñan unas élites extractivas formadas por políticos, empresas e instituciones conchabadas para absorber la riqueza que genera la nación. Una oligarquía que no está dispuesta a ceder un ápice de poder con el propósito de no perder un ápice de fortuna y viceversa. Una clase dirigente que echa mano de la desfachatez para apuntalar su impunidad. Una casta privilegiada para cuyos integrantes todo lo que no sean ellos es populismo, ignorancia y demagogia.

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