Los empresarios del suroeste exigen soluciones para desbloquear las inversiones turísticas

La Asociación de Empresarios del Suroeste de La Palma, Esuropal, advierte de la gravedad de la situación en que se encuentran las inversiones turística previstas para la Isla debido a varias sentencias desfavorables, así como la imposibilidad actual de autorizar cualquier otra de menor tamaño, y por eso considera que el Cabildo y el Gobierno canario deben coordinarse para poner las soluciones necesarias de la manera más rápida posible.

La reciente sentencia firme del Tribunal Supremo de 18 de mayo por la que se anuló el Decreto 123/2008, de 27 de mayo de la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, mediante el cual se aprobaron definitivamente la mayor parte de los ámbitos y actuaciones turísticas que habían sido suspendidas mediante el anterior Decreto, ha supuesto la anulación radical de los cinco campos de golf planificados, de seis actuaciones convencionales aisladas y de varios núcleos turísticos, entre los que destacan los de Santa Cruz de La Palma, Los Cancajos y el Puerto de Tazacorte. 

Tal anulación supone, dicen desde la Asociación, la imposibilidad de colocar unas ocho mil plazas alojativas turísticas en los espacios previstos en el Plan Territorial Turístico para tal fin.

A este panorama tan "desastroso" se ha venido a sumar,  indica, otra reciente Sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 2 de junio de 2015, que anula el Plan General de Ordenación de Los Llanos de Aridane, retrotrayendo la situación a las condiciones legales existentes en el año 1987. Dicha sentencia impide la ejecución de importantes actuaciones turísticas planificadas para el municipio, especialmente en aquellas zonas donde se habían previsto inminentes inversiones, como Puerto Naos y Charco Verde. Según esta asociación, la anulación supone la imposibilidad de colocar unas cinco mil plazas alojativas turísticas en los espacios previstos en el Plan Territorial Turístico dentro del municipio de Los Llanos de Aridane.

Por otra parte, señala, de la información recabada por esta Asociación respecto a las consecuencias y efectos de estas sentencias judiciales en las previsiones de inversión turística para la Isla en el corto y medio plazo, que la propia administración ha venido anunciando reiteradamente, "entendemos que la totalidad del Plan Territorial Turístico queda afectado, ya que la anulación del Decreto 123/2008, deja sin efectos los otros dos Decretos 95/2007 y 120/2010, que sirvieron para aprobar el Plan Turístico de la isla de La Palma".

Sin perjuicio, añade, de que la información recabada se confirme finalmente, "lo cierto es que se ha generado en la actualidad un escenario de total incertidumbre e inseguridad jurídica que paraliza las inversiones e impide la ejecución de los proyectos turísticos previstos para la Isla desde hace más de dos décadas, y además dificulta cualquier realización de iniciativas turísticas por pequeñas que sean".

"Nos encontramos, afirman desde la Asociación, ante una grave situación carente del más mínimo marco legal de ordenación del turismo para la isla de La Palma que ampare cualquier proyecto empresarial que se pretenda realizar, tanto aquellas que hayan sido específicamente previstas como aquellas que se pretendiesen implantar conforme a la normativa municipal vigente".    

La Asociación entiende que "no es el momento de buscar responsabilidades respecto a la gravísima situación creada -aunque sean exigibles desde el punto de vista técnico, jurídico y político- ni respecto al daño irreparable ocasionado a la economía de la Isla, especialmente en esta última década". Es el momento, dice, "de actuar de forma enérgica y segura, aprendiendo de los errores pasados, para lo que se hace necesario, en primer lugar, el reconocimiento de la difícil y comprometida situación a la que nos hemos visto abocados; y en segundo lugar, la acción inmediata encaminada a  resolver la problemática creada por las recientes sentencias, con la máxima agilidad y desde la más estricta seguridad jurídica, como único modo de recuperar el tiempo pedido en el desarrollo turístico de la Isla".

La Asociación  de Empresarios del Suroeste de La Palma "Peruco Lorenzo" hace un llamamiento al Cabildo Insular y a todos los ayuntamientos para que "tomen conciencia del problema existente, y se apliquen de manera coordinada a encontrar una solución rápida y segura. En tal sentido, entiende que ha de ser el Cabildo Insular la administración, que conjuntamente con el Gobierno de Canarias, asuma íntegramente la dirección de los trabajos y gestiones necesarias para solventar la problemática sobrevenida".

Así mismo se insta al Gobierno de Canarias a que, dentro de su marco competencial, lleve a cabo las iniciativas de gobierno y legislativas necesarias para coadyuvar, coordinadamente con el Cabildo Insular, en la solución del problema creado a un sector estratégico para la economía insular como es el turismo.