La Mesa de La Mujer Rural: "Decimos sí al turismo pero con control y planificación"

Comunicado de La Mesa de La Mujer Rural que reproducimos íntegramente sobre la problemática en suelo rústico debido a la proliferación de alojamientos turísticos de nueva planta y la polémica surgida al respecto en la comarca noroeste debido a su solicitud de protección del viñedo de Puntagorda, Garafía y Tijarafe  y a la propuesta realizada por el Cabildo Insular.

El pasado 25 de enero, La Mesa de La Mujer Rural, con el apoyo de 29 empresas, asociaciones y entidades locales vinculadas directa e indirectamente al sector primario de la isla, manifestó su preocupación, mediante un escrito, por la situación que está viviendo el suelo rústico debido a la proliferación de alojamientos turísticos de nueva planta sin que la legislación marque límites en relación a su número, a las plazas alojativas, ritmos de implantación o demanda de recursos naturales. En dicho comunicado se consideraba su posible repercusión negativa en el sector primario y en la población residente al producirse una competencia desleal sobre los recursos naturales como el suelo y el agua, puesto que los promotores de este tipo de establecimientos no están vinculados al sector primario, y la actividad agraria no puede competir ante el aumento de precios, quedando los proyectos de vida de muchas familias relegados a un segundo plano.

El escrito pone el foco en un 10 % de la superficie del suelo rústico vinculada al cultivo de la vid, correspondiente a las zonas altas (más de 1000 m.s.n.m.) de los municipios de Puntagorda, Garafía y Tijarafe. Solicita que se realice un seguimiento del cumplimiento de la normativa, que se planteen limitaciones (que no prohibiciones) a la actividad turística y que se proponga dicha zona como posible Parque Agrario.

El escrito, junto a las cartas de apoyo, es enviado a la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, el Servicio de Ordenación del Territorio del Cabildo de La Palma y el Servicio de Agricultura del Cabildo de La Palma, entendiendo que las competencias en cuanto a lo que se solicita corresponden, por ley, a estas administraciones. Asimismo, se envía copia a los Ayuntamientos de Garafía, Puntagorda y Tijarafe por ser agentes fundamentales para el desarrollo de cualquier estrategia de mejora a nivel municipal.

Por respeto a las empresas y entidades locales firmantes y para evitar que continúe la tergiversación del contenido de dicho escrito, vista la repercusión y polémica generada, en absoluto deseable, y lamentando que 4 empresas que apoyaban el escrito se hayan desmarcado del mismo, queremos aclarar algunos conceptos erróneos que se están difundiendo y que producen desinformación y confusión en la población:

Primero. Somos un grupo de mujeres que desarrollamos nuestra vida personal y/o laboral en el entorno rural de La Palma. Un conjunto multisectorial que abarca ganadería, agricultura, medioambiente, sector servicios, turismo, ordenación territorial, etc. que adquiere el compromiso de reunirse periódicamente con el único interés de intercambiar inquietudes, generar debate y poner sobre la mesa aspectos que afectan a la vida cotidiana en las zonas rurales, en pro de mejorar el desarrollo y fomento de la actividad agrícola, las opciones laborales y de servicios, los modelos de desarrollo económico y social, y/o fomentar la sostenibilidad energética y alimentaria, etc. Creemos firmemente en un modelo de sociedad participativa, que apueste por la crítica constructiva y que traslade sin miedo a las Administraciones Públicas, a través de los medios formales que estas ponen a disposición de la ciudadanía, aquellas inquietudes y propuestas de mejora que debatimos en las reuniones, en conversaciones con vecinos y vecinas, en los bares.

Segundo. El escrito surge con la única intención de promover el desarrollo y fomento de la actividad agraria y su productividad en la zona de mayor producción de uva con D.O.P. por sus condiciones climáticas excepcionales que favorecen el cultivo ecológico y evitan la aparición de enfermedades. Esto no sólo convierte a esta actividad en uno de los motores económicos de la población de la comarca noroeste sino que contribuye a la prevención y extinción de incendios forestales, además de suponer un reclamo turístico identitario por el incalculable valor histórico, etnográfico, cultural y económico que atesora; un auténtico reservorio de biodiversidad agraria, única en el mundo y con el peligro de extinción de algunas de las variedades tradicionales más antiguas, que genera gran variedad de productos locales, convirtiéndose en punto de parada obligatoria que dinamiza el tejido empresarial de las zonas rurales.

Tercero. La figura de Parque Agrario no es una figura de protección paisajística ni un parque temático rural que va a provocar la desaparición de la agricultura: Es todo lo contrario. Esta propuesta surge con la intención de dinamizar un sector primario en declive ante la amenaza de que los espacios agrícolas sean fragmentados o transformados como consecuencia de la expansión edificatoria. Persigue fomentar el desarrollo de una agricultura viable tanto económica como ambientalmente, mejorar la eficiencia de las infraestructuras y los servicios del espacio agrario, mejorar la competitividad y la innovación del sector agrario, promover la agricultura de proximidad, generar un territorio multifuncional y un paisaje de calidad, promover la gobernanza y la participación, promover la renovación generacional y mejorar la igualdad de oportunidades en el sector agrario y difundir los activos y recursos endógenos del parque agrario.

Cuarto. El escrito no se ha hecho a espaldas de las administraciones locales ni de la sociedad. Haciendo uso de las herramientas que las administraciones públicas ponen al servicio de la ciudadanía, decidimos trasladar nuestra preocupación a través de un escrito oficial que remitimos previamente a diversas empresas y asociaciones para su conocimiento y recabar así apoyos. Entre las mismas, se encontraban algunas que dependían o tenían vínculo directo con algunas administraciones locales.

Quinto. En cuanto a las respuestas recibidas de las diferentes administraciones públicas. El Servicio de Ordenación del Territorio del Cabildo de La Palma contactó con la Mesa para celebrar una reunión, el 9 de marzo de 2021, donde tuvimos la oportunidad de exponer las solicitudes demandadas en el escrito (1). A raíz de esta reunión, elaboran una Propuesta de modificación del Plan Insular de Ordenación de La Palma (PIOLP), en el marco de la Modificación Sustancial Parcial nº 3 de dicho Plan para establecer limitaciones zonales al uso turístico alojativo de nueva planta en el área de viñedos de la zona alta de los municipios de Garafía, Puntagorda, Tijarafe y del municipio de Fuencaliente, e invitan a la Mesa de la Mujer Rural y a las empresas y asociaciones firmantes a la exposición de un borrador (por parte del equipo técnico el 14 de abril de 2021 en el Museo Benahoarita de Los Llanos de Aridane (2). Como modificación importante destacan que en dichas zonas no sería de aplicación la Ley 14/2019, de 25 de abril, de ordenación de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma en lo referente a la construcción de establecimientos turísticos alojativos de nueva planta, no así el turismo rural o los usos, actividades y construcciones complementarios recogidos en el artículo 61 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. Esta propuesta está siendo valorada por la mesa y el resto de empresas y asociaciones firmantes.

El día 7 de abril de 2021 se celebró una reunión a instancias de la Consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias con idéntico objetivo. En ella se trataron los puntos expuestos en el escrito, aspectos relacionados con la problemática insular del sector y, entre otras, se propusieron actuaciones como llevar a cabo jornadas informativas sobre los Parques Agrarios o una modificación de la Ley 14/2019, de 25 de abril, de ordenación de la actividad turística de El Hierro, La Gomera y La Palma de cara a la consecución de los objetivos que marca dicha ley.

Por otro lado, el 12 de marzo de 2021, y en fechas sucesivas, los Ayuntamientos de Puntagorda, Tijarafe y Garafía emiten comunicado conjunto en relación al escrito de solicitud de protección del viñedo de Puntagorda, Garafía y Tijarafe (3) y posteriormente en referencia a la propuesta de borrador del Cabildo Insular (4).

Agradecemos enormemente la acogida que ha tenido el escrito, por el tono constructivo y proactivo de las reuniones mantenidas así como la calidad democrática y participativa demostrada por parte del Servicio de Ordenación del Territorio del Cabildo Insular y de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, en pro de conocer de primera mano las inquietudes expresadas por este colectivo, y lamentamos que el resto de administraciones no hayan querido abrirse al diálogo y ni al debate.

Sexto. Decimos sí al turismo pero con control y planificación. No cabe duda que la industria turística planificada y bien gestionada repercute en la economía local y es una fuente generadora de empleo de la que no queremos prescindir. Si pensamos además en una estrategia que persiga el Turismo Sostenible, atendemos no solo al desarrollo económico sino también al social, ecológico y cultural. El sector primario se ve implementado con el turismo y el turismo con un reclamo de calidad. En el sector vitivinícola la relación de dependencia es clara, pues el aumento de la demanda, junto a otros factores como la mejora en el pago de la uva, la profesionalización del sector, etc. han promovido el aumento de la superficie cultivada en la zona en los últimos años. En una apuesta por defender el sector, no se entiende la necesidad de promover establecimientos turísticos de nueva planta en uno de los espacios más idóneos de la isla para el cultivo de la vid, actividad que se desarrolla en un espacio reducido y sensible, entrando en competencia desleal por el precio del suelo y el agua en desventaja clara.

Séptimo. Basta de incongruencias. La legislación tiene que estar al servicio del desarrollo del sector primario y mejorar la calidad de vida de la población local. La agricultura de medianías se enfrenta a varios problemas para su correcto desarrollo, entre los que destaca la competencia por el creciente aumento de superficie de pinar y/o la falta de suelo agrícola por el avance de zonas urbanas. A esto hay que sumarle la competencia con el nuevo uso turístico.

De la misma manera que es necesario salvar el obstáculo que supone en algunas zonas la sobreprotección del territorio, véase las dificultades para la corta de pinos en zonas agrarias, no se entiende que bajo el amparo de la denominada Ley de Islas Verdes, la población local no pueda construir una vivienda de primer uso en aquellos enclaves donde desarrolla su actividad agrícola y/o ganadera por no ser de uso urbano, pero por lo contrario, este mismo territorio sí pueda ser ocupado urbanísticamente por el sector turístico, con la consecuencia del desplazamiento de la población vinculada al sector a zonas urbanas de municipios más poblados, y la consiguiente pérdida de servicios de las zonas rurales, como centros educativos y bancarios, farmacias, o guarderías, entre otros.

Más sangrante aún es que existan tipologías de suelos rústicos donde no se puede construir ninguna instalación agraria (depósito para agua de riego, nivelación para facilitar la actividad agraria, instalación de explotaciones ganaderas, cuartos de aperos, etc.), quedando relegadas estas actuaciones al escaso suelo rústico de protección agraria, lo que supone otro agravante más cuando los suelos de uso agrícola son destinados a actividades turísticas.

Planteamos que el disperso continuo que está suponiendo la implantación de establecimientos turísticos de nueva planta en suelo rústico agrario, reduce directamente y aún más las posibles opciones para la instalación, por ejemplo, de nuevas granjas, la ampliación de las ya existentes, la obtención de guías de pasto, etc., compitiendo una vez más el uso turístico del suelo con el sector primario, cuando lo ideal sería que se complementaran.

Por otro lado, el fomento de las actividades turísticas como complementarias a las agrarias que se plantea en la Ley 14/2019, de 25 de abril, está dirigido a diversificar las actividades y la mejora de vida de los agricultores y agricultoras en zonas rústicas. Pero en el momento que se confunde un jardín de árboles frutales con una explotación agraria, estas personas tienen todas las batallas perdidas frente a los promotores turísticos porque, aunque sea indispensable presentar un informe del Servicio de Agricultura para dar una licencia turística en un suelo agrario, este informe no es vinculante a la otorgación de dicha licencia.

Octavo. Sí, existen otra formas de fomento y mantenimiento del sector primario. En una isla como la nuestra, el suelo agrario está abierto al fomento de la actividad turística y se destinan cantidades millonarias al desarrollo y mantenimiento de la misma. Además, queda limitado con frecuencia por la normativa existente sobre protección del suelo, medioambiente, espacios naturales, etc., por lo que la Mesa de la Mujer Rural quiere poner en valor el trabajo de personas que se dedican a la agricultura y ganadería, a la vez que solicita que se les brinden las mismas oportunidades y posibilidades de desarrollo. Consideramos necesario y con carácter urgente, que se desarrollen políticas que fomenten y mantengan el sector agrario.

Lo que es indiscutible, y esta pandemia lo ha puesto de manifiesto, aún más, es la necesidad de mantener un sector primario fuerte y rentable, puesto que en las islas en las que todavía tiene cierto peso, la crisis y el desempleo han sido menos devastadores. Por ello consideramos enormemente beneficioso y necesario iniciar un debate social sobre éste o cualquier otro modelo de ordenación y gestión que defienda y promueva el desarrollo de un sector estratégico para el desarrollo sostenible de las islas y la consecución de la soberanía alimentaria.