La Plataforma contra la instalación de plantas de aglomerado asfáltico en el Valle de Aridane asegura que la lucha contra la instalación de dichas plantas se encuentra en una fase decisiva pues afima que "todos los informes que hemos conseguido hasta ahora avalan que dicha instalación constituye un auténtico disparate y un atropello para más de siete mil vecinos afectados directamente".
Los alcaldes de Los Llanos y de El Paso, por acción y omisión respectivamente, asegura la Plataforma, han ignorado sistemáticamente el clamor popular ante una industria nociva y peligrosa. Asimismo, agrega que el alcalde de Los Llanos ha contratado servicios jurídicos altamente onerosos, concretamente los del letrado Martín Orozco, para defender los intereses de los empresarios del asfalto con dinero de los ciudadanos de su municipio, sin importarle para nada la salud y el bienestar de los mismos". A juicio de esta Plataforma, los alcaldes que conceden licencias "presuntamente ilegales" deberían pagar indemnizaciones de su bolsillo y no a costa de los vecinos del municipio.
La publicación reciente en el BOCA de un anuncio relativo a la solicitud de autorización de vertidos y de instalación de depósitos de almacenamiento de fuel y combustible dirigida al Consejo Insular de Aguas del Cabildo Insular por parte de la empresa Ruiz Romero, demuestra claramente, indica este colectivo, "que debemos estar alerta contra cualquier actuación que nos pueda perjudicar en esta larga lucha".
La Plataforma se pregunta igualmente que si entre los requisitos obligatorios para conseguir el permiso de instalación de una planta de este tipo estaba el pedir autorización al Consejo Insular de Aguas para los vertidos contaminantes y para la instalación de un depósito de fuel y otro de combustible para consumo propio de la planta, cómo es posible que el Ayuntamiento de Los Llanos le concediera a la empresa de Ruiz Romero la licencia de instalación de dicha planta, que ya está instalada y que, incluso, ha llegado a funcionar.
Desde esta Plataforma, aseguran que el contencioso-administrativo que han emprendido es el camino adecuado que "hemos de transitar para que al final se imponga la sensatez y el sentido común frente a la cerrazón y el empecinamiento de los políticos palmeros de CC y del PP que tienen responsabilidades de gobierno en la Isla y en Canarias, y que han optado por apoyar a sus amigos-empresarios del asfalto".
La Plataforma deja claro que van a seguir luchando "con la fuerza de la razón que nunca nos ha faltado, porque no vamos a consentir que nos arrebaten la calidad de vida que tenemos y que queremos también para las generaciones venideras".
