El Juzgado anula la adjudicación de la gestión del agua a Canaragua y el ayuntamiento recurre

El Juzgado número dos de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife anula en una sentencia, que no es firme y que ya ha sido recurrida por el ayuntamiento capitalino ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, TSJC, el acuerdo plenario del 24 de septiembre de 2007 en el que se adjudicó la concesión de la gestión del agua a Canaragua y obliga a una nueva valoración de las ofertas. Esta sentencia responde a la impugnación presentada contra este acuerdo por dos de las tres empresas que concursaron, Aqualia Gestión Integral del Agua y Valoriza, SL, y por el PSOE, que ahora es quien gobierna el ayuntamiento. Por la privatización del servicio de gestión del agua el ayuntamiento recibió un canon de 7,9 millones de euros.

El actual alcalde de Santa Cruz de La Palma, el socialista Sergio Matos, ha manifestado que el grupo de gobierno está trabajando con los servicios jurídicos para defender los intereses del ayuntamiento porque "esta sentencia, aunque no es firme y por eso se ha recurrido, es una dificultad más en el camino para la situación económica del ayuntamiento y puede suponer un gran palo y un duro revés para las arcas municipales". Matos no obstante insistió en que se hará todo lo posible por "salvar" al ayuntamiento y recordó que la sentencia, si bien él la recibió el pasado jueves, es del 10 de mayo y que el recurso se presentó el 31 de mayo.

Por su parte, el ex alcalde, Juan Ramón  Felipe, que era el regidor cuando se realizó la adjudicación, ha explicado que, aunque todavía no tiene la sentencia porque no se la ha pasado el grupo de gobierno, tuvo conocimiento verbal del fallo de la misma después de las elecciones por parte del abogado de Canaragua y del gabinete jurídico externo del ayuntamiento, y que se decidió recurrirla mientras estuvo de alcalde en funciones del grupo de gobierno en minoría de Coalición Canaria. "Decidimos presentar el recurso para defender los intereses del ayuntamiento y ahora toca esperar a lo que decida el TSJC", indicando que "si hay que volver a valorar las ofertas no significa que vaya a quedar otra empresa y que tengamos que pagar daños y perjuicios, puede ser que se dé este caso, pero puede ser también que se adjudique a Canaragua porque el juez en la sentencia entiende que una mejora que planteó Canaragua no se tenía que haber valorado como se hizo y la mesa de contratación entiende que está bien valorada".

Juan Felipe supone que Canaragua también recurrirá y ahora lo que falta saber es lo que harán las empresas restantes y el Partido Socialista "a quien – apunta- no le ha dado la razón el Juzgado, porque ellos pedían que quedara desierto el concurso por entender que se habían incumplido las condiciones de los pliegos que estaban en la licitación, dándose ahora la paradoja de que recurran para que le saquen la razón al ayuntamiento estando un alcalde socialista en el ayuntamiento". 

El político nacionalista lamenta que el alcalde tenga la sentencia desde la semana pasada y que no haya dado cuenta de la misma a la oposición cuando "en una reunión se podría haber aclarado todo y no armar tanto revuelo por una sentencia que no es firme y que ya ha sido recurrida".