MAE rechaza que los afectados paguen la demolición de sus viviendas

MAE Movimiento Alternativo Electoral no comparte la unanimidad en las fuerzas parlamentarias para cargar sobre los afectados del volcán la obligación de demoler.

Según indica, la entrada en vigor hace unos días de la ley que modifica la Ley del Suelo de Canarias, incorpora a esta ley una nueva disposición adicional para regular la declaración de ruina de edificaciones afectadas por una erupción volcánica, con la única intención de establecer una nueva obligación para los afectados de la erupción de La Palma, al establecer efectos retroactivos de la misma hasta el 19 de septiembre de 2021.

“Si lo normal es que las leyes se apliquen a partir de su entrada en vigor, las fuerzas políticas con representación en el Parlamento han estimado de manera unánime que era necesaria introducir una específica regulación que obligue a los propietarios de edificaciones que el volcán no destruyó, a convertirlos en obligados a demoler su propiedad si de da alguno de los supuestos establecidos en la ley. Hubiéramos preferido que la ley estableciera un derecho, no una obligación a personas que vienen sufriendo un calvario desde la erupción, que además ahora, se encuentran con la obligación legal de costear esa demolición, por tanto responsables de su incumplimiento”.

“Los distintos gobiernos presumen de fondos para la reconstrucción”, denuncia MAE, para añadir que “sin embargo en lugar de destinar parte de esos fondos públicos a eliminar aquellas edificaciones en ruina, atribuye sobre los propietarios el deber jurídico y económico de hacer desaparecer su inmueble”.

A juicio de MAE, resulta “aberrante que las víctimas de la catástrofe natural se conviertan en obligadas a retirar del medio aquellas edificaciones con daños o que simplemente sea difícil recuperarlas para su uso” añadiendo que “PSOE, Partido Popular, Coalición Canaria, Nueva Canarias y Unidas Podemos, entre otras fuerzas políticas, son responsables por haber votado a favor de esta imposición, un auténtico castigo a las personas, cuando perfectamente la Administración podría y debería sustituir a los propietarios en ese proceso”.

Además critica que “una vez más los diputados palmeros no se han desmarcado de la iniciativa, anteponiendo la obediencia a las siglas antes que la justicia y bienestar de sus conciudadanos, únicos destinatarios de esta disposición legal”.

Desde MAE consideran que concurren otras muchas circunstancias generadas desde la erupción que merecen una revisión legal en pro de la isla, que permita a los afectados ejercer sus derechos o al menos atenuar sus obligaciones. “Todo lo contrario a esta injusta medida”.