La ley de las islas verdes que nunca fue verde

Desde su nacimiento la motivación de la llamada ley de islas verdes (Ley 14/2019, de 25 de abril, de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma) plantea un modelo turístico alternativo al de ocupación del litoral, sustentado en el desarrollo de un turismo en el que los valores naturales, agrícolas y paisajísticos sean los protagonistas para las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro. Estos principios y motivaciones están presentes en las distintas modificaciones de la citada ley desde 2002 hasta el año 2019. Pero según un dicho antiguo, quien hace la ley hace la trampa, y su aplicación solo está beneficiando a los intereses especulativos del empresariado local y europeo con el suelo rústico, poniendo más barreras al desarrollo de la agricultura y ganadería de medianías en la isla de La Palma.

Desde finales de los años 80 el sueño por la implantación del modelo económico turístico-inmobiliario en La Palma comienza a forjarse entre las élites empresariales y políticas de la isla. El anhelo del “progreso”, que ya se había alcanzado en las islas turísticas de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote o Fuerteventura, pretendía aumentar el número de camas a toda costa. Ya en los años 90, en las proyecciones del planeamiento insular se empiezan a dibujar escenarios en los que los hoteles planteados para La Palma ascendían a casi 60.000 camas. 

La actividad agrícola dedicada a la platanera de exportación en la costa y la progresiva fragmentación de la propiedad son una de las claves que hasta ahora evitaban el desarrollo turístico del litoral de La Palma. El precio del suelo, y en términos generales, la rentabilidad de la platanera por las subvenciones que la sostienen son uno de los factores que ha impedido la construcción de zonas turísticas, salvando excepciones como los núcleos de Puerto de Naos, Los Cancajos o el hotel Teneguía Princess de Fuencaliente. Sin embargo, el plan de recuperación económica tras la erupción del Tajogaite y el pacto por el turismo de abril de 2023, entre otros, vuelven a poner el foco en la costa del Valle de Aridane para la especulación urbanística y turística. También en la consideración de este sector como el principal motor de la economía insular y, por lo tanto, en una isla para el turismo, que subordina todos los demás sectores a su suerte.

En las medianías de la isla, la progresiva desagrarización de la actividad económica, y por consecuencia, el abandono del sector primario, deja al suelo rústico en un escenario ideal para la amenaza de la especulación y la proyección de infraestructuras turísticas. Se trata de un suelo con un precio muy inferior al suelo de la costa. 

En 2001 se aprueba el Decreto 4/2001, de 12 de enero, por el que se acuerda la formulación de las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias. Dos años más tarde, esa norma desemboca en la conocida como “moratoria turística” con la aprobación de la Ley 19/2003, de 19 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias, que ponía límites a la construcción de plazas hoteleras y al crecimiento inmobiliario en Canarias. La motivación de este decreto no era la preocupación por proteger el entorno, sino que fue fruto de la presión de la patronal hotelera para evitar que nuevos complejos turísticos entraran en competencia con los existentes. Esto no gustó a las élites de poder de las islas de El Hierro, La Gomera, y especialmente, La Palma, pues este decreto ponía en peligro su sueño de convertir a La Palma en una isla turística. 

La iniciativa legislativa de la moratoria turística duró un suspiro, entre otras cosas por el menoscabo económico que suponía para la administración pública la compensación a promotoras por la cantidad de licencias que ya se habían concedido para la construcción de nueva planta turística y las que se aprobaron la víspera de su entrada en vigor en islas como Lanzarote, donde se llegaron a construir hasta 20 hoteles declarados ilegales por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. De hecho, un alcalde, un secretario municipal y un interventor acabaron en la cárcel por saltarse todas las leyes. 

En 2002, con CC en el Gobierno de Canarias, se aprobó por primera vez la ley de islas verdes (Ley 6/2002, de 12 de junio). El resultado es un texto normativo que favorece la implantación de viviendas de uso turístico diseminadas en suelo rústico, un suelo tradicionalmente dedicado a la agricultura y la ganadería. Es decir: donde no se puede construir una casa para vivir, se puede construir un apartamento para el turismo.

El sentido real del turismo rural, no es un apartamento en una huerta abandonada. Es una actividad económica que complemente a la actividad del sector primario.  La Palma fue pionera en el desarrollo de este turismo cuando a principios de los años 90, la Asociación Isla Bonita, formula un modelo que inicialmente promovía la rehabilitación viviendas del patrimonio arquitectónico y su utilización como un complemento a la economía local de las y los palmeros. Un modelo que deja el dinero en la isla y que promociona y preserva sus valores naturales y culturales. 

A lo largo de los años, y hasta llegar a 2019, la ley de islas verdes ha experimentado distintas reformas. No obstante, ninguna de ellas cuestiona el grave perjuicio que su aplicación tiene sobre el necesario desarrollo rural de la medianía, pues supone una amenaza para la agricultura y el turismo rural, que no solamente generan riqueza en la isla, sino que previenen incendios, contribuye a lograr la soberanía alimentaria y nos preparan para ser más resilientes ante la crisis climática que ya estamos viviendo.

Esta ley contempla, además, la figura del instrumento de planificación turística singular. Se trata de una herramienta que, a través de la declaración de interés insular, pretende aprobar proyectos como el campo de golf de La Pavona o La Dichosa Wellness Clinic, entre otros que están por salir a la luz pública. Proyectos que van en detrimento del sector primario que necesitamos para la supervivencia, ocupando su suelo, consumiendo su agua y su energía, y que, atentan contra los planteamientos del tipo de turismo que defiende la propia ley en sus fines. Sin ir más lejos, La Pavona en Breña Alta, es un enclave de altos valores naturales y de un gran valor potencial agrícola y ganadero. 

Es evidente que detrás de la ley de las islas verdes existen intereses que no pretenden mantener el paisaje sino cambiar el verde natural de nuestra isla por el gris del cemento y el verde artificial de los campos de golf. Una pretensión que parece no tener fin sin una actuación responsable de las administraciones públicas, que defienda el interés general de las palmeras y palmeros y no los intereses inmobiliarios especulativos de unos pocos.

Las proyecciones que dibuja el grupo de investigación de la Universidad de La Laguna, GOTA, de aumento de las temperaturas y en el descenso en el régimen de precipitaciones en Canarias plantean un escenario de emergencia climática en el que ya estamos inmersas. Esto coloca necesariamente a las medianías de la isla como un refugio de esperanza, con una producción ecológica y orientada al policultivo que garantice el futuro de nuestra alimentación y de nuestra vida. 

En resumidas cuentas, la utilización especulativa y perversa de la ley de islas verdes, y su contribución al desarrollo de un modelo turístico convencional generador de pobreza y dependencia impide la apuesta por proyectos sólidos que nos permitan la adaptación al cambio climático. Cualquier persona con sentido de la responsabilidad y de bien común al frente de la gestión pública debería conocer y atender el escenario de crisis climática y ecosocial que está enunciando la comunidad científica por todo el mundo y actuar en consecuencia.

Fuentes

• García Rodríguez, J.L.: Protección y uso del territorio en La Palma. El debate sobre el modelo insular de desarrollo. Santa Cruz de Tenerife, Excmo. Cabildo Insular de La Palma y Caja General de Ahorros de Canarias. 
• Martín Fernández, Carlos, S: El Desarrollo turístico en las islas verdes del Canarias: El caso de la isla de La Palma (2000-2019). Cuadernos de Turismo, no 47, (2021); pp. 303-328 Universidad de Murcia ISSN: 1989-4635
  DOI: https://doi.org/10.6018/turismo.474121 
• Martín Fernández, Carlos, S: Espacios turísticos, ordenación del territorio y actitudes políticas. El caso del complejo hotelero Cerca Vieja en Fuencaliente de La Palma. Cuadernos de Turismo, nº28, (2011); pp. 145-169 ISSN: 1139-7861
• Ley 14/2019, de 25 de abril, de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma. Enlace: https://www3.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=77905
• Ley 14/2019, 25 abril, de Presidencia de Gobierno, de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma. Enlace: https://www3.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=77905
• Grupo de Observación de la Tierra y la Atmósfera (GOTA). Universidad de La Laguna. Enlace: https://portalciencia.ull.es/grupos/6295/publicaciones

Estrella Monterrey Viña, es agricultora, documentalista y socióloga con máster en gobernabilidad para un desarrollo sostenible.