Afectados de la 'zona roja' del volcán se manifiestan en El Paso para denunciar "el agravio" que sufren y exigir indemnizaciones

Familias que residían en los barrios más próximos al volcán Tajogaite, la zona cero de la catástrofe, llevaron a cabo este fin de semana una concentración de protesta en Tacande, en el municipio de El Paso, para denunciar la incertidumbre y la falta de información sobre el futuro de sus terrenos en la planificación definitiva de la zona.

Estos vecinos reclaman conocer si sus fincas quedarán o no integradas en un espacio natural protegido y qué compensaciones recibirán por las restricciones de uso que implica esta catalogación.

En torno a 150 personas de todas las edades, que residían antes de la catástrofe en El Paraíso, Corazoncillo y Montaña Rajada, desafiaron el frío y la lluvia de la borrasca Emilia para realizar, el domingo 14 de diciembre, una marcha por la carretera de Tacande hasta las proximidades del volcán.

Portaban carteles y pancartas con lemas como “Cuatro años sin respuestas. ¡Dignidad, certidumbre y reparaciones ya!”, “Los vecinos de la zona roja nos sentimos ignorados por decreto” o “No nos avisaron”.

En la concentración, con el Tajogaite como telón de fondo, se dio lectura a un manifiesto en el que los afectados de la denominada “zona roja” —la que en el mapa de la planificación provisional vigente aparece sometida a un régimen de protección cautelar— aseguran sentirse “ultrajados, engañados y agraviados” en comparación con otros damnificados que han percibido indemnizaciones públicas por el valor de lo perdido y además conservan sus terrenos con la esperanza de poder volver a recuperar el uso que tenían antes de la erupción.

Así lo han corroborado además sus portavoces a ElValledeAridane.com, la web solidaria que edita la Asociación Tierra Bonita gracias al libro benéfico Las otras historias del volcán.

“Cuatro años después de apagado el volcán”, denuncian, continúan “sin soluciones y esperando una respuesta clara y justa por parte de la Administración”.

Estos vecinos reclaman “compensaciones justas” por unas propiedades cuyo uso, previsiblemente, no podrán recuperar al quedar declaradas espacio natural protegido.

El expediente de esta protección se tramita en el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Transición Ecológica, que dirige Mariano Hernández Zapata —presidente del Cabildo de La Palma durante la erupción— y, en concreto, desde la Dirección General de Espacios Protegidos y Biodiversidad, encabezada por Miguel Ángel Morcuende, quien precisamente fue director técnico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (PEVOLCA) durante la crisis volcánica de 2021.

Una gestión de la emergencia que los manifestantes no dudaron en calificar de “nefasta”. “Hoy también recordamos que el día de la erupción no fuimos evacuados; tuvimos que huir en estampida, con lágrimas en los ojos, muchísimo dolor y miedo”, señalaron.

En su manifiesto recordaron su “decepción” con el comité científico y de dirección del PEVOLCA: “La comunidad científica y los representantes políticos, quienes debían velar por nuestras vidas, no nos alertaron en tiempo y forma, dejándonos desamparados a nuestra suerte; por una gracia divina apenas 500 metros marcaron la diferencia entre la vida y la muerte”.

Estos damnificados critican además que en el relato oficial de los hechos no haya  autocrítica sino propaganda de un éxito de gestión que no fue tal:  “En el postvolcán sí se pusieron de acuerdo para actos oficiales, fotos, condecoraciones y homenajes entre ellos, creyendo que así podrían enterrar, también bajo la lava, su nefasta gestión de la emergencia, mientras se intentaba silenciar el sufrimiento de los afectados”, denuncian.

No haber sido alertados ni evacuados oficialmente por el PEVOLCA, aseguran, les ha provocado un mayor daño psicológico y, como ocurrió con la población de El Paraíso, la pérdida total de sus bienes, al no poder regresar a sus viviendas tras la erupción para rescatar enseres, objetos personales y animales.

Por todo ello, cuatro años después del suceso, los vecinos de la zona roja afirman que no necesitan de las Administraciones públicas “charlas vacías ni mesas redondas”, sino “acciones inmediatas, compensaciones justas por unos terrenos”que no van a poder recuperar, “un trato digno e igualitario para todos los damnificados”, así como que se les permita participar en el proceso de ordenación territorial.

Finalmente, confesaron que con este fenómeno geológico, “toda una vida de sueños e ilusiones quedó sepultada” y que en aquellos momentos “tan duros” se apoyaron mutuamente, “unidos por la misma desgracia”.

Agradecieron la ayuda que han recibido de otras personas, en especial de amigos y familiares, demostración, subrayaron, de que “la solidaridad sigue viva incluso cuando las instituciones públicas nos fallan”.