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El Cabildo exige al Estado más controles en puertos y aeropuertos para impedir la entrada de plagas

  • En los últimos años han entrado en las islas más de ochenta

Puerto de Santa Cruz de La Palma.

El Pleno del Cabildo aprobó en días pasados un acuerdo institucional en el que se pide al Estado mayor control y vigilancia en los puertos y aeropuertos canarios para evitar la entrada de plagas y enfermedades que pongan en peligro la biodiversidad de las islas.

En concreto demanda que se garantice, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el estricto cumplimiento de la Orden Ministerial de 12 de marzo de 1987 que fija las medidas de protección contra la introducción en Canarias de organismos nocivos para los vegetales y productos vegetales que se contemplan en la misma. Plantea también que se apliquen las sanciones administrativas oportunas y que se destine el dinero de esas sanciones íntegramente a combatir de manera natural algunas de las plagas y enfermedades que estas prácticas fraudulentas han introducido en Canarias.

Otra de las reivindicaciones que hace la Corporación insular es que, en caso de reincidencia, al importador se le apliquen las cuantías de sanción máxima contempladas en la ley y que la reiteración en las importaciones ilegales  cause la retirada de la licencia de importador a los infractores.

En el acuerdo institucional se plantea también que se busque una fórmula de contraprestación al sector agrario por los daños que estas prácticas fraudulentas están ocasionando en las producciones canarias.

En el texto de la moción se critica la "ineficacia" del control en la entrada de productos agrícolas ilegales por los puertos y aeropuertos canarios, así como las deficiencias y carencias detectadas en los servicios de inspección.

Además se recuerda que en los últimos años han entrado en nuestra Comunidad un importante número de plagas y enfermedades, que la propia Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias ha cifrado en ochenta, afectando gravemente a los cultivos y causando pérdidas de ingresos a los agricultores. La entrada ilegal de estos productos atenta, según el Cabildo, contra la seguridad alimentaría al falsear su origen y constituye un fraude al venderse como canarios.

 

 

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