Punto de no retorno

Si tomamos el 23 de febrero de 1981 como el clímax dentro del convulso y delicado proceso de transición que siguió al régimen de Franco, la larga, intensa y desdichada jornada de ayer supone el punto final a treinta y seis años, ocho meses y doscientos setenta y cuatro días de convivencia más o menos pacífica y de democracia representativa.

El simulacro de consulta, grosero, insultante y obscenamente ilegal, perpetrado por una parte de las fuerzas políticas catalanas, con la vergonzosa pasividad del gobierno del estado español, que sólo en el último instante y cuando el fraude era ya una estafa consumada decidió enviar un contingente de efectivos de cuerpos y fuerzas de seguridad que hoy son objeto de escarnio y desaprobación por una opinión pública internacional tan confusa como pésimamente informada, no sólo ha puesto a dicha comunidad autónoma frente al abismo de una inminente secesión injustificada, absurda y paleta (para satisfacción de sagas de convictos ex honorables, de republicanos ingenuos, canallas de diverso pelaje, estalinistas de nuevo cuño, jacobinos de sifón y masas de enfebrecidos adolescentes, criados en la fe ignorante y manipuladora del nacionalismo más rancio y pueblerino), sino que a los demás, a los que todavía creemos en la supervivencia de un estado social y democrático de derecho, sin otra patria común e indivisible que la libertad, la justicia, la igualdad y el sentido común, no nos deja otra opción que reclamar la disolución de las Cortes (previa aprobación de los presupuestos generales para el próximo año) y la convocatoria de elecciones para una nueva legislatura constituyente que, desde el consenso y por mandato popular, reformule, con otros interlocutores a ambos lados de la mesa, las reglas del juego y así evite la destrucción de un país con más de quinientos años de historia.