Transcurridos casi cuarenta años de democracia, conviene hoy recordar que el apartado primero del artículo 117 de la constitución española establece con diáfana claridad que la justicia “emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”.
Pues eso.
Todo lo demás es un entorno confuso, polémico y fuertemente condicionado: feroz laberinto de hipótesis indemostrables, hipotenusas ideológicas e hipotecas abusivas que pagarán los mismos bolsillos de siempre, por los siglos de los siglos.
