Franco despropósito

A rebufo de la muy controvertida Ley de Memoria Histórica (leitmotiv ideológico del zapaterismo que, al carecer de recursos asignados, encalla como un cascarón vacío en el inmenso y rocoso arrecife de las buenas intenciones), el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, trata de arañar unos cuantos votos con la injustificada y absurda exhumación de los restos del general Franco.
En su particular cruzada contra el olvido y la ignominia, Sánchez no está solo: le secundan magistrados del Tribunal Supremo, la cúpula de su partido (muchos de cuyos gerifaltes de antaño, de ahora y de pasado mañana, cuentan con árboles genealógicos con raíces en el régimen franquista) y una cantidad indeterminada de leales votantes de izquierda que ven en el traslado de los huesos del antepenúltimo Jefe del Estado una especie de extraña y -si se me permite- ridícula condena a título a póstumo a quien en vida mostró escasa consideración por sus semejantes.
Este empeño absurdo y un punto orwelliano por reescribir la Historia, haciéndonos creer que el Caudillo era poco menos que la encarnación del mismísimo Satanás (no fue ni más ni menos cruel que la despreciable caterva de tiranos que en el mundo han sido, son y serán) y que la supresión de todas las estatuas, fuentes y jardines levantados en su nombre conjurará de un plumazo el rastro de los crímenes por él auspiciados, manifiesta una escasa inteligencia y una pobreza de miras, acorde con el grado de conocimiento que las nuevas generaciones poseen sobre nuestro pasado reciente.
A semejante despropósito, con el consiguiente despilfarro de fondos públicos, se ha sumado en el último año el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que encargó un amplio estudio, coordinado por la catedrática en Historia del Arte de la Universidad de La Laguna, María Isabel Navarro, sobre la simbología de exaltación al franquismo existente en la capital donde el 18 de julio de 1936 se dictó el bando de guerra.
La citada investigación, que ha supuesto un sonrojante desembolso de 56.000 euros para las maltrechas arcas municipales, propone la retirada del conjunto escultórico, popularmente conocido como “El Angelito”, obra del escultor Juan de Ávalos y Taborda y que se encuentra al final de la Rambla de Santa Cruz (antes del Generalísimo), así como la resignificación del Monumento a Los Caídos, sito en la plaza de España (antes plaza de La Constitución), por entender que vulnera la Ley de Memoria Histórica, ya que en su ejecución se empleó como mano de obra a “presos políticos”, de ahí que se sugiera la recuperación del espacio de la cripta para “la eventual ubicación de un centro de interpretación consagrado a la memoria histórica en su sentido más amplio” y la posible retirada de los elementos escultóricos de los soldados; del grupo de la Patria y el Caído; de las piezas escultóricas de la Victoria y la Nave; de la lápida conmemorativa del capitán Gómez Landero y de la placa del Mando Económico, que “podrían instalarse en un parque público con la contextualización necesaria acerca de su valor artístico y su sentido histórico y cultural” y para lo cual se propone el Palmétum o el Parque Viera y Clavijo:
“El recinto elegido debería tener en sus proximidades una infraestructura consistente en un centro internacional para la paz y la reconciliación, en el que se integre la creación de un centro documental, centro de formación y de difusión sobre los contenidos de la memoria histórica”, añade la referida investigación.