La batalla por Madrid

El Gobierno de Pedro Sánchez se resistía a imponer restricciones en Madrid e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad, no quería asumir el coste político de aprobar medidas más duras contra el covid. Y, finalmente, se ha llegado a un conflicto institucional y político, que da continuidad a la falta de acuerdo entre el Ejecutivo y el PP durante toda la pandemia. Las cifras de contagio y de muertos no dejan de crecer, pero las administraciones mantienen el desacuerdo político, especialmente las gobernadas por el PSOE y las que controla el PP. El enfrentamiento está al borde de acabar en los tribunales. Según informan a El Confidencial fuentes del Ejecutivo regional, Madrid ya se prepara para discutir ante la Audiencia Nacional o la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo el anuncio del ministro de Sanidad, Salvador Illa, de imponer a través de una decisión ministerial el cierre de la capital y otros nueve municipios (Móstoles, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Parla y Alcobendas).

El conflicto se ha agravado porque ni siquiera reconocen mutuamente las decisiones, ni los instrumentos jurídicos a utilizar. La Comunidad de Madrid no acepta el encaje legal del acuerdo del Consejo Interterritorial y pone en duda que el Gobierno central pueda actuar con una orden ministerial. Ese grave desencuentro deja en el aire la aprobación y aplicación de esas medidas, porque Madrid no considera válida la vía utilizada por el Gobierno central. Y augura una batalla política y judicial.

El punto de discusión se encuentra en las normas aplicadas. Madrid recuerda que la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, señala sobre el Consejo Interterritorial que los acuerdos “se plasmarán a través de recomendaciones que se aprobarán, en su caso, por consenso”. Lo anunciado por Illa -y finalmente publicado en el BOE a primera hora de este jueves con formato de resolución- no es, sin embargo, una recomendación sino una imposición, y además no se ha adoptado por consenso sino con la oposición no solo de la comunidad que gobierna Ayuso sino de la mayoría de las dirigidas por los populares. En concreto, Andalucía, Galicia, Ceuta y Murcia (que en un principio se abstuvo y luego matizó su voto en contra) se unieron al no de Madrid, como también Cataluña. Solo Castilla y León (liderada por la coalición de PP y Ciudadanos) votó a favor de la propuesta de Illa.

“Según la RAE, consenso es el acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos”, ironizan fuentes autonómicas que, sin embargo, no titubean al afirmar que la orden no tiene validez. Pendientes de estudiar los términos exactos de las instrucciones del Gobierno de la nación, los de Ayuso ya han solicitado un dictamen a la Abogacía madrileña sobre la discrepancia. Si la redacción de la orden en el Boletín Oficial del Estado no coincide con su interpretación, reclamarán la suspensión al TS, a través de una medida cautelarísima que, por su especial urgencia, debe resolverse en un plazo máximo de 48 horas desde su presentación.

Frente a la tesis de Madrid, fuentes de la Moncloa aseguran que es posible hacerlo con una orden ministerial y que, además, será de “obligado cumplimiento”, sin opciones de que la comunidad madrileña se niegue a aplicarla. Esas fuentes aseguran que Isabel Díaz Ayuso no podrá negarse a llevarla a cabo. Si no acata, aseguran, se arriesga a responsabilidades penales, y si opta por retrasarlo ante los tribunales, tendrá la responsabilidad política del creciente número de contagios. La orden se publicará en unos días en el BOE (supondrá la limitación de movimientos fuera de los municipios con restricciones, salvo causas justificadas o por trabajo) y tendrá que ser traspuesta en sus respectivos boletines en las comunidades autónomas afectadas, aunque solo deberá aplicarla Madrid.

Después de semanas de desencuentros, intentos de acercamiento e incluso una reunión insólita en la sede de la Comunidad de Madrid, el martes ambas administraciones llegaban a un principio de acuerdo. La situación parecía enderezada cuando el miércoles al mediodía todo se revolvió. Madrid volvía a anunciar su desacuerdo sobre lo pactado previamente con Sanidad (el consejero Enrique Ruiz Escudero aseguraría después que “era rotundamente falso ese acuerdo”) y, finalmente, Illa anunciaba que impondría las restricciones vía orden ministerial.

En ese principio de acuerdo del martes, el Ministerio de Sanidad aceptaba la exigencia de Madrid de establecer un baremo común para aplicar a todas las ciudades con más de 100.000 habitantes. Los requisitos quedaban claros para esos municipios: que la incidencia acumulada superara los 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, que la tasa de positividad superara el 10% en toda la región y que la ocupación de las UCI fuera superior al 35%. Por su parte, la comunidad admitía las nuevas restricciones, dado que la capital llega al baremo pactado.

Cuando Sanidad dio a conocer con más detalles el borrador que presentaría en el Consejo Interterritorial y los titulares apuntaron con claridad “al cierre de Madrid”, el Gobierno autonómico se apresuró a emitir un comunicado en el que volvía al desacuerdo, asegurando que esos tres requisitos no eran suficientes. Exigía más criterios a tener en cuenta (como la capacidad asistencial de Madrid) para decidir sobre las zonas restringidas.

Sin embargo, más allá de Madrid, el acuerdo terminó saltando por los aires en el Consejo Interterritorial de Sanidad porque también las comunidades de Galicia, Cataluña, Andalucía, Murcia y Ceuta se opusieron. El resto de comunidades ha votado a favor, incluida Castilla y León, cuyo presidente es del PP, pero su consejera de Sanidad, Verónica Casado, que estuvo en la reunión, es de Ciudadanos.

Hasta que se levantó el estado de alarma el pasado 12 de junio, el Gobierno central mantenía el mando único, con el único matiz de comunicar semanalmente las medidas a los presidentes autonómicos. Algunos de ellos pidieron entonces tener el mando sobre la gestión de la pandemia. Al acabar el estado de alarma, Sánchez tomó la decisión de dejar a las comunidades todo el peso de la gestión y renunció a reformas legales para facilitar esa tarea, pese a haber anunciado en el Congreso esos cambios normativos y haberlo firmado en acuerdos con Ciudadanos y ERC.

La mayoría de las comunidades del PP, incluida Madrid, votó en contra. Pero el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud es vinculante
La decisión fue dejar que el desgaste político lo asumieran las comunidades. Pero, finalmente, el rebrote de la pandemia llegó antes de lo esperado, con mayor virulencia, y devolviendo el enfrentamiento. El Gobierno central entiende que Madrid está en cifras insostenibles y que es necesario aplicar medidas más duras, y Díaz Ayuso cree que hay que preservar la economía de la comunidad. Considera que basta con limitar movimientos en determinadas zonas.

Y así ha vuelto el duro choque en el que subyace la dificultad de llegar a acuerdos entre el Gobierno y el PP. Ambos han utilizado la comunidad como escenario de su enfrentamiento y ambos esperan que el otro asuma el coste de la gestión de la pandemia. En este último tramo, se produce una curiosa coincidencia de las comunidades del PP con Cataluña, gobernada por ERC y JxCAT, partidos independentistas que se oponen también a la imposición desde la Moncloa.

¿¿¿”Donde el dinero se gasta en asesores…” dices???
Tú eres de los que ve la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el suyo, que es lo que parece que no están dispuestos a dejar de hacer los políticos entre ellos para seguir teniéndonos en la situación que estamos.

Mira.:

La Ministra de Igualdad, Irene Montero, del partido marxista Podemos, tiene asesores y dos altos cargos nombrados a dedo que, entre todos, cobran 901.283,08 euros, casi un millón de euros anuales (!!!) de dinero público, es de decir, de nuestro dinero, del tuyo, del mío y del de todos. Los altos cargos, como Noelia Vera o Amanda Meyer, son de sobra conocidos por el público general. Los asesores, sin embargo, no. Como Patricia Fernández Pérez, asesora que cobra 60.881 euros, y que nadie sabe quién es. La mayoría de los nombres de los asesores no aparece en el BOE. Tampoco lo hace su currículum, evitando así que la ciudadanía juzgue si son valedores de llevarse parte del dinero de todos.

Te voy a contar lo que ganan algunos de ellas:

Noelia Vera (100.602 euros). Ella es la que más cobra, incluso más que la ministra, su jefa de Gabinete e incluso que el presidente del Gobierno. De Cádiz, se licenció en periodismo y acabó entrando en la estela de Podemos, en 2014, cuando se puso a presentar la tertulia de La Tuerka, otrora dirigido por Pablo Iglesias. A su sueldo en Igualdad Vera suma 21.878 euros que cobra por ser diputada de una circunscripción diferente a Madrid (ella lo es de Cádiz).

Ángela Rodríguez, alias Pam (51.946 euros). También asesora nivel 30, viene del 15-M en Galicia y de Podemos en la comunidad. Licenciada en Filosofía, su experiencia laboral es como investigadora en la Universidad de Bellas Artes y en internet todavía sigue colgada su oferta como profesora particular -“Horarios flexibles, precios económicas y movilidad absoluta”-. En principio errejonista y luego reconvertida, es conocida por dos episodios: cuando acusó a la Policía Nacional de tratarla de manera vejatoria al recoger su acta en el Congreso y cuando en 2015 llamó “puta coja” a la entonces secretaria general de Podemos en Galicia.

Teresa Arévalo (51.946 euros). Esta asesora nivel 30 empezó a estudiar en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de la que nació Podemos pero, sin embargo, no llegó a licenciarse. De Ciudad Real, la única experiencia que tiene en el ámbito privado es de cuando, durante unos meses, regentó la panadería que habían montado sus padres en su pueblo. Pero entró en el círculo de la formación morada y siempre se le buscó un puesto.

Manel Ros (45.638,36 euros). Es periodista, escribía sobre música en el diario Público. Entró en la onda de Irene Montero a través de Xavier Domènech, a quien le llevó la comunicación, y ha quedado liberado al dejar Domènech la alta política. En el BOE figura su nombre de cuando le contrataron, al igual que muchas de sus compañeras, como asistente “para la atención de los señores diputados” de Podemos.

A ver cuando te enteras de que todos los políticos son la misma cosa sean del partido que sea. Están siendo nuestra perdición, y ya está el ambiente bastante enrarezido para que vengas tú a echar más gasolina. No es así como se van a solucionar las cosas. Me parece muy bien que seas de izquierdas, y lo mismo si fueras de derechas, pero tu “poema” es una porquería que solo sirve para encabronar, mejor metetelo donde te quepa, que ya tenemos bastante con todo lo que tenemos encima, y con tener que aguantar a toda esa panda de incompetentes e ignorantes tricones de los patidos que nos gobiernan.