Mediada la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del (des)gobierno de España, justo cuando más arrecia el temporal de la crisis económica y financiera, cuya inminencia y gravedad siempre se negó desde las prietas filas de la propaganda socialista, en vísperas de las últimas elecciones generales, en un alarde de demagogia tan legítima como deshonesta; ahora que se confirma la toma de ciertas medidas de ajuste, impopulares e inevitables, que, como siempre, llegan tarde y mal; y que, de nuevo, como sucediera en 1993, con la primera reforma laboral, que introdujo en nuestro país los contratos basura, corresponde a la misma formación política de izquierda moderada la puesta en marcha de nuevos recortes en la calidad de vida de la clase trabajadora (aquí nunca dejan de ser los mismos quienes pagan con el sudor de su frente la riqueza de unos pocos), la absoluta falta de previsión y de valentía, la ineptitud y la incapacidad casi absoluta del actual ejecutivo nacional se pone de manifiesto, entre otros aspectos, en la existencia, por ejemplo, del Mi(ni)sterio de Igualdad y en las cuantiosas partidas presupuestarias asignadas a dicho departamento, creado con el discutible aunque noble fin de "proponer y ejecutar las políticas en materia de eliminación de toda clase de discriminación de las personas por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o ideología, orientación sexual, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, y erradicación de la violencia de género, así como en materia de juventud". Asimismo, le corresponde a este Mi(ni)sterio, en particular, la elaboración y desarrollo de las normas, actuaciones y medidas dirigidas a asegurar la igualdad de trato y de oportunidades, especialmente entre mujeres y hombres, y el fomento de la participación social y política de las mujeres.
Considerada una aspiración inalienable a la que se hace acreedor cualquier ser humano por el simple hecho de serlo, y así está reconocida en la propia Revolución Francesa, la igualdad, como la vida o la libertad, es un sustantivo abstracto de difícil delimitación conceptual y de casi imposible concreción material. Sin embargo, ¿su naturaleza de estadio ideal de la convivencia, pretendido por pensadores y políticos en los últimos dos mil años, justifica la creación de un ministerio con su correspondiente aparato burocrático y administrativo? Y, siendo así, ¿por qué no se ha obrado en idéntico sentido con otras lícitas pretensiones individuales y colectivas, como la honradez, la sinceridad o la fraternidad?
Y es que, al margen de cuestiones epistemológicas o axiológicas, la endeble estructura sobre la que se sustenta el estado de bienestar ya no puede admitir el intolerable despilfarro de recursos públicos, malgastados en proyectos e iniciativas de dudosa sensatez, inspirados bajo el imperio de la corrección política: despropósitos como la tristemente famosa campaña Educando en Igualdad, dirigida a niños y niñas en edad escolar, con el fin de prevenir conductas sexistas y la violencia de género, aunque, para ello, se arrojase a la hoguera a cuentos clásicos de Hans Christian Andersen, los hermanos Grimm o Charles Perrault (Blancanieves, Cenicienta o La Bella Durmiente), al entender que estos relatos obedecen a unas determinadas coordenadas históricas y sociales, caracterizadas por el patriarcado, el machismo y la discriminación de la mujer.
Por eso, hasta cierto punto, no deja de ser lógico (en su enrevesada e incomprensible necedad) que el Mi(ni)sterio de Bibiana Aído (diplomada en estudios avanzados en Economía y Dirección de Empresas y ex directora de la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco) haya terminado compartiendo similares desvaríos con el integrismo islámico, si nos atenemos a la lectura de una noticia aparecida en los medios de comunicación hace cosa de un mes y que daba cuenta de la querella presentada ante la Fiscalía General de El Cairo por parte de un grupo de penalistas religiosos que solicitaban la prohibición de Las mil y una noches, porque consideran que esta obra "ofende la decencia pública", de ahí que exigiesen la confiscación del citado libro así como la detención de sus editores: la agencia estatal en materia de cultura en el país egipcio, que acababa de publicar una edición especial de la pieza más universal de la literatura árabe.
