"La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley"
Constitución española, Artículo 117.1
A la muerte del general Francisco Franco, que había nombrado sucesor a la Jefatura del Estado, a título de Rey, al entonces Príncipe Juan Carlos de Borbón, la clase dirigente de este país, integrada por una panoplia de monárquicos convencidos, republicanos conservadores, liberales anglófilos y falangistas rancios, apenas tuvo tiempo de replantearse el modelo político que debía proporcionarse a sí misma, sin el consentimiento de una ciudadanía expectante que, desde una cierta distancia, contemplaba estas disputas palaciegas con una mezcla de esperanza y escepticismo, de miedo e incertidumbre, ya que la designación real de Adolfo Suárez (ex vicesecretario general del Movimiento) como presidente del gobierno fue el primer paso para una transición pacífica hacia una monarquía parlamentaria, a partir de la ruptura negociada (y no traumática) con el pasado reciente.
En este sentido, la Constitución, aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978, puede considerarse la piedra de toque del nuevo régimen democrático, aún vigente, construido sobre las ruinas todavía frescas de una larga dictadura cuya peor herencia para las generaciones venideras seguirá siendo ETA, que, en virtud de una más que discutida y discutible sentencia del Tribunal Constitucional (adoptada por el mínimo margen de seis votos a cinco), volverá a estar presente en más de un centenar de corporaciones locales de Euskadi y Navarra, que quedarán constituidas mañana, para oprobio y vergüenza de todos aquellos que han decidido continuar alimentando a tan funesta, insaciable y monstruosa serpiente, y para tormento y martirio de los que, con heroica dignidad, se resisten a agachar la cabeza ante ella.
