Vamos a abrir fuego tras las vacaciones medio merecidas por el trabajo y medio forzadas por la crisis para preguntar quién responde ante los desmanes que sufre el pueblo. Pongamos por ejemplo la archiconocida Ley de Costas, una ley que ha sido un caos en su aplicación tanto por el gobierno central (que ha tardado más de veinte años), como por los ayuntamientos que irresponsablemente cobraban contibución o el Cabildo que dio falsas ilusiones con la declaración de BIC.
Otro ejemplo aún más clamoroso fue la ampliación del Parlamento de Canarias, votada unánimamente. Los 60 diputados de todos los partidos en la mayor prevaricación colectiva que se recuerda votaron a favor de expropiar sin comprensación unos inmuebles a sabiendas de que eso es algo inconstitucional. ¿En qué país del mundo se ha visto que un tribunal de justicia ordena a un parlamento desalojar sus instalaciones por okupas?
Ahora vamos con un tema más reciente: la desaparición del colegio del Régulo. Aquí hay dos temas: uno el del Instituto Masculino que tiene al parecer problemas estructurales, lo que obliga a desalojar sus instalaciones y trasladar a la ESO al Colegio de Benahoare, lo que obliga a su vez a realojar a sus alumnos en el APB. Hasta ahí, bien. Molesto, pero bien. Sin embargo, resulta que el Ayuntamiento tenía una deuda de un millón y pico de euros con el Cabildo y no tenía medio para pagarla. ¿Qué solución se adoptó? El Ayuntamiento le vendió al Cabildo las instalaciones que hasta ahora utilizaba la Escuela de Adultos detrás del Sector Sur por el importe de la deuda y trasladó a Adultos al Régulo y el Régulo también al APB que parece que se ha convertido en el "sumidero" del caos educativo. Todo esto se ha hecho con las matrículas ya cerradas y causando un grave perjuicio a niños y padres. Y como siempre, ¿quién responde? Nadie.