Esta multinacional se había apoderado del mercado de semillas, ya que era la propietaria del 95% de las semillas de hortalizas y frutas (papa, cebolla, tomate, arroz, maíz, papaya, melón, etc., sino que ladinamente ofrecía a los agricultores un “paquete” que incluía, además de la semilla, los sistemas de riego y todos los productos fitosanitarios y fertilizantes necesarios para la cosecha. Al mismo tiempo les hacía firmar un contrato que obligaba a venderle su producción para garantizar así la amortización de la deuda adquirida al contratar el “paquete” financiado por Agroisleña. En caso de que dicha deuda no fuera satisfecha les imponían un plan de pago que podía convertir al colono en su deudor de por vida, por lo que en muchos casos este monstruo agro-financiero acababa por apropiarse de las tierras como parte del pago.
Es decir, actuaba como uno de esos bancos llamados de segundo piso que canalizan sus operaciones de financiamiento a empresas mediante créditos a bancos que sirven de intermediarios con el cliente final. De esta forma Agroisleña ha esclavizado a una gran parte de los propietarios agrícolas y expulsado del campo venezolano a los más modestos, a los que no podían hacer frente a su desmedida usura, favoreciendo al mismo tiempo la acumulación capitalista de los grandes propietarios. Pero además de obstaculizar el desarrollo agrícola del país, ha contribuido poderosamente al incremento artificial e ilegal de los precios –hasta un 500% en algunos productos- en un momento en que la lucha contra la inflación se ha convertido en uno de los objetivos irrenunciables del gobierno de Hugo Chávez.
DISTRIBUÍA VENENO Y CONTAMINACIÓN. Agroisleña se había convertido en una de los mayores contaminantes del hemisferio ya que distribuía, entre otros venenos, el insecticida Carbodan, un organoclorado muy parecido al DDT llamado Acarin, el desinfectante de suelos Basamid, el herbicida Gramocil o el asesino Glifosato que distribuían bajo la marca comercial de Round-Up. La mayoría de estos productos tóxicos están prohibidos en los países del norte donde son producidos pero exportados sin restricción a los países pobres del sur. Se sabe que son muchísimos los años que se necesitan para descontaminar los suelos y acuíferos pero cuántos cánceres, malformaciones congénitas, daños cerebrales y neurológicos, y cuántas muertes ha provocado Agroisleña con la venta y distribución de estos productos, suministrados no sólo por la aristocracia mundial de la industria química contaminante -Monsanto, Siygenta, Bayer, Du Pont – sino por empresas españolas como Insecticidas Ibéricos o Talleres CIMA, ubicada en Zaragoza bajo cuya patente Agroisleña instaló en Barquisimeto una fábrica de asperjadoras (Asperjadoras Venezolanas C.A.) para la aplicación de sus venenos.
