Un empresario, Jesús Manuel Rosado, dueño de Global Sport, denunció el pasado 8 de noviembre en un juzgado a la cúpula del Ayuntamiento de Ciudad Real, que gobierna el PP, por el cobro de cohechos, amaño de contratos, emisión de facturas falsas y financiación ilegal de actos del partido.
Un empresario, Jesús Manuel Rosado, dueño de Global Sport, denunció el pasado 8 de noviembre en un juzgado a la cúpula del Ayuntamiento de Ciudad Real, que gobierna el PP, por el cobro de cohechos, amaño de contratos, emisión de facturas falsas y financiación ilegal de actos del partido. Su acusación incluye a la alcaldesa, Rosa Romero -asegura haberle hecho obras en su casa cuya factura se le sugirió presentar al Ayuntamiento y nunca cobró-, a los concejales de Hacienda y Deportes, Miguel Ángel Rodríguez y César Manrique, respectivamente, y a varios altos cargos municipales, incluidos el jefe de compras, el tesorero y el interventor. Este empresario asegura haber aportado 3.000 euros para financiar la campaña electoral de 2007 del PP que luego cobró con falsas facturas al Ayuntamiento. La regidora niega todas las acusaciones y asegura que la justicia demostrará su falsedad.
Según el denunciante, por orden de Juan Carlos Mascuñana, jefe de compras del Ayuntamiento de Ciudad Real, este empresario pagó diversos viajes aparentemente privados de personal del equipo de gobierno y de empleados municipales cuyo importe luego recuperaba con facturas falsas al Ayuntamiento. También plantea que por mandato de cargos del Ayuntamiento de Ciudad Real hubo de pagar a empresas con las que no tenía ninguna relación comercial real.
Por ejemplo, declara que abonó publicidad municipal a la firma Multicanal relativa a la Semana Santa por un importe de 25.000 euros. Rosado aporta un amplio listado de empresas y facturas que supuestamente evidencian que se convirtió en el tesorero bis del Ayuntamiento y sufragó con su dinero eventos municipales que luego le fueron retribuidos con falsas facturas del Ayuntamiento por servicios nunca prestados.
Igualmente, según su relato, fue instado a subvencionar un club deportivo tras pactar que le sería retribuido con facturas municipales. Esta trama municipal, acusa en su escrito Rosado, no solo le exigía pagar compromisos municipales, sino que le ordenaba a qué empresas debía subcontratar sus obras adjudicadas. El fin era claro: "Las empresas [subcontratadas] emiten siempre facturas por sus trabajos superiores a los precios de mercado e incluso a lo que tienen presupuestado". A veces el objetivo era aún más descarado: Rosado hubo de comprar maquinaria por 7.500 euros a la empresa de la esposa del concejal de Deportes que luego revendió al Ayuntamiento. Así se evitaba el escándalo de que el edil adjudicara dicha compra a su cónyuge. En este pantano de corruptelas incluso un concierto de Alejandro Sanz en Ciudad Real alimenta un nuevo festín: Rosado compra 150 entradas para "ayudar a que las fiestas locales parezcan un éxito" que luego factura al Ayuntamiento por falsos servicios.
Este empresario revela cómo el sistema de adjudicación estaba podrido: se adjudicaban servicios sin mediar contrato alguno o se simulaba un concurso restringido con empresas que solo existían en el papel. Rosado no habla de oídas: denuncia los amaños de los que fue beneficiario. Lo insólito de su denuncia, frente a la práctica habitual, es que no denigra adjudicaciones ajenas, revela lo ilegal de los múltiples contratos que le fueron otorgados a él por una trama a la que retribuía con cuanto favor le era solicitado.
Los cargos del área de Deportes también le encargaron, antes de las elecciones locales de 2007, obras "de interés electoral para la corporación municipal" como pistas polideportivas "sin concertar forma de pago". El escenario de las obras fueron "zonas de Ciudad Real que según sus sondeos no les eran favorables al PP". Y detalla la ilegal vía usada: "Hacíamos la obra, y posteriormente enviábamos el presupuesto/oferta y Mascuñana [jefe de compras] nos indicaba la fecha que tenía que ponerse en la factura y posteriormente nos remitían la notificación de la adjudicación". El edil Manrique le sugería que las cuantías de las facturas fueran pequeñas para burlar los controles.
A fin de cobrar su asfixiante deuda con el Ayuntamiento -más de 400.00 euros, de cuyo pago en buena parte solo tenía un compromiso verbal-, Rosado asegura que se plegó a un rosario de corruptelas: firmó facturas de restaurantes donde nunca comió; aseguró haber recibido dinero municipal en metálico que nunca vio; dijo haber cobrado facturas sin captar importe alguno ni saber su destino; realizó pagos en especie a funcionarios, amén de realizar obras en viviendas de altos cargos locales que nunca cobró.
"Y todo ello, en aras a mantener una relación que posibilitara el cobro de la totalidad de lo adeudado, para poder seguir manteniendo viva a mi empresa y su actividad municipal", detalla en su denuncia judicial.
Lo grave de la denuncia de este empresario, según fuentes de su entorno, es que una mera investigación de los contratos de este Ayuntamiento demostraría que su caso no fue individual sino que hubo una sistematicidad en el impuesto revolucionario aplicado a los contratistas. Parte de los fondos estatales del plan E de Zapatero, añaden estas fuentes, fueron consumidos en múltiples facturas inferiores a 3.000 euros para evitar toda concurrencia y, en muchos casos, no sirvieron para obras de interés público, sino para sufragar esta red de favores ilegales a los ediles y cargos municipales.
