El Supremo agota la última esperanza del Ayuntamiento de Tazacorte al desestimar un recurso de revisión que alegaba un posible error judicial previo, dejando claro que el suelo de Los Tarajales no es urbano. Obliga a pagar las costas del proceso judicial al consistorio, que además pierde el depósito económico que presentó.
EL DÍA, Tazacorte
La Sala Especial del Tribunal Supremo (encargada de resolver procesos sobre declaración de un posible error judicial) ha emitido una sentencia definitiva, que lleva fecha de 21 de febrero de 2011 y que ya se ha sido notificada y publicada en el Centro de Documentación Judicial, que desestima el último recurso que le quedaba al Ayuntamiento de Tazacorte en el litigio que mantenía con la Administración estatal y con varios particulares por el deslinde marítimo-terrestre de El Puerto de Tazacorte y el polémico suelo de Los Tarajales, en donde se ha construido un edificio, pese a que el propio Supremo sentenció hace años que no era urbano, ratificando un primer pronunciamiento (septiembre de 2003) del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Ahora, la decisión del Supremo, que niega la existencia de un error judicial, confirma lo que ya había sentenciado previamente en junio de 2009, así como la posición adoptada también por la Audiencia Nacional sobre la ampliación del deslinde aprobada por el Ministerio de Medio Ambiente en julio de 2007. De esta manera, el suelo y la edificación de Los Tarajales se quedan sin cobertura judicial posible, antes incluso de que el Juzgado de Los Llanos de Aridane, que mantiene en paralelo unas diligencias previas sobre las posibles consecuencias penales de esta actuación, con 30 imputados, decida sobre la realización o no de un juicio al respecto para determinar si hubo delito urbanístico.
El Supremo, órgano que se encuentra en la cúspide del poder judicial, no solo sentencia que no hubo error, sino que asegura que "la demanda presentada por el ayuntamiento reitera los argumentos que fueron ya desestimados en sentencias anteriores". Así, recuerda que "la Audiencia Nacional utilizó como elemento probatorio la sentencia del TSJC (que no era firme, pero debió tenerse en cuenta), un informe de la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias, de 5 de junio de 1996, las propias normas subsidiarias de Tazacorte de 1987, así como la falta de acreditación de la consolidación edificatoria de los dos tercios de los terrenos que tantas veces esgrime el ayuntamiento como demandante".
En consecuencia, insiste el tribunal, "no existe error alguno en la sentencia, ni con las reglas reguladoras de la misma ni con la disposición transitoria discutida, sino una frustrada expectativa por parte del demandante (ayuntamiento) cuya reproducción a través del cauce previsto en el artículo 293 de la LOPJ es de todo punto improcedente".
Por ello, en el fallo se impone al Consistorio de Tazacorte el pago de las costas del proceso judicial, así como la pérdida del depósito económico que previamente realizaron para poder recurrir.
Tras cerrarse la vía del Supremo, queda pendiente el resultado de la causa penal que instruye, aún en diligencias previas, el Juzgado de Los Llanos contra la cúpula de UB y exmiembros de la Cotmac.
medida judicial
UB amenaza a todos los medios
Unión Bagañeta, como grupo de gobierno de Tazacorte, advirtió ayer por escrito a todos los medios de comunicación de la Isla de que ejercería acciones legales "contra quienes mienten y ejercen además una acción indigna y torticera difundiendo una información tendenciosa y malintencionada con el afán de hacer daño". En un escrito que envió a los correos electrónicos de todos los medios anunció que "interpondrá querellas por injurias y calumnias contra los articulistas de los medios de comunicación que no contrastan su información antes de hacerla pública y todas las personas que mientan descabelladamente, faltando a la verdad, sobre la gestión municipal que realiza este Grupo de Gobierno".
El grupo de gobierno de Tazacorte, alegando el derecho a una rectificación, envió otro comunicado en el que pide a EL DÍA que rectifique la información publicada el 18 de mayo sobre la investigación que sigue abierta en la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. Esta redacción posee el auto del fiscal, con fecha 15 de abril, en la que pide la remisión de las diligencias para investigarlas.
http://www.eldia.es/2011-05-20/palma/palma0prn.htm
