Saliendo de la crisis

Ya nos han resuelto el problema los fenómenos que llegaron al nuevo Gobierno, se nos fueron unos fuera de series y llegaron otros que, a cual peor. Nos decían sin descansar que, esta iba a ser una reforma laboral equilibrada y que sobre todo seria una reforma, pensada para poder luchar de manera decisiva el paro, para acabar decían, con la dualidad de los contratos indefinidos/temporales. Una reforma urgente con la que atajarían de raíz el problema. Al menos eso era lo que nos decían. Lo cierto es que ya han comenzado igual que los otros, con mentiras y mas mentiras, esta es una reforma dirigida y encaminada para abaratar de manera drástica el despido, debilitando indiscutiblemente con ello la posición de los sindicatos y por tanto, la defensa de derechos esenciales del trabajador sobre todo en la negociación colectiva. Ya ha comenzado a cegar la guadaña.

Y es que, independientemente de lo que se pacte a nivel superior, el empresario y los representantes de los trabajadores pueden consensuar un convenio de empresa, pero tenemos que aclarar y decir que, el Gobierno ha limitado la llamada ultra actividad, a partir de ahora, un convenio sólo seguirá siendo válido durante dos años desde que termina su vigencia. Hasta ahora, el convenio seguía en vigor hasta que se negociaba uno nuevo para evitar que los trabajadores perdieran derechos adquiridos. Ahora, se perderá a los dos años de caducar y los derechos y condiciones de los trabajadores tendrán que ser negociados desde cero, pero es que además, las empresas podrán descolgarse, es decir, no aplicar, cualquier parte del convenio, algo que ya figuraba de forma casi idéntica en el acuerdo que alcanzaron patronal y sindicatos hace tres o cuatro semanas. Sin embargo, el Gobierno introduce una novedad que es: ( si no hay acuerdo para aplicar la flexibilidad, la mediación entre las partes no ha funcionado y no se ha pactado acudir a un árbitro, será la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos la que decida) quien nombrara un árbitro y resolverá en 25 días como máximo. Además, la reforma introduce la prioridad de los convenios internos de la empresa de los sectoriales, una nueva vuelta de tuerca en la desprotección de los trabajadores.

En mi opinión, esta reforma ataca, desvirtúa y deroga las disposiciones establecidas en la Constitución sobre el derecho a la negociación colectiva, deshace la función que la Carta Magna otorga a los Sindicatos, concretamente a lo que se refiere el artículo 37 en su punto 1., que nos dice: (La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios), por tanto y en mi opinión y mientras no me demuestren de manera clara lo contrario, con la promulgación de este decreto se ha dado un golpe derogando el consenso de 1978.

Razón tenía el Sr. Guindos en calificarla como extremadamente agresiva, sin ningún lugar a dudas, esta es la primera reforma laboral de la democracia en la que no se ha consultado ni informado a los agentes sociales, por lo menos no a las organizaciones sindicales a la vista del resultad y de lo manifestado por sus máximos representes, pero además, se podría afirmar que, no parece que haya sido el caso de la patronal, ya que a estos sí que nos da la impresión de habérseles escuchado sus reivindicaciones.

En la práctica, el despido improcedente desaparece, ya que, de entrada, todos los trabajadores podrán ser despedidos con 20 días de indemnización por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades, la indemnización ordinaria que se paga en caso de despido objetivo, es decir, por causas económicas. Es evidente que el despido se generaliza a 20 días incluso para empresas que no tengan pérdidas, es increíblemente cierto, bastará con que sus ingresos hayan bajado tres trimestres seguidos y, claro, precisamente en estos momentos, se hace muy difícil encontrar una empresa donde no hayan caído sus ventas o ingresos, por lo tanto, despedir con 20 días en lugar de 45 significa claramente pagar un 60% menos de indemnización al trabajador.

Igualmente reducen la indemnización por despido improcedente, al menos un 27%, al dejarla en 33 días. Aunque la rebaja no sea retroactiva para los años transcurridos, no significa que no nos afecte a todos porque simplemente no es así. Un trabajador que lleve doce años en una empresa y que sea despedido dentro de seis recibirá una indemnización por despido improcedente de 540 días por los doce primeros años (45 días por cada año) y de 198 días por los seis años siguientes (a 33 días por año). La reforma le ha quitado dos meses y medio de salario bruto. Pero, lo que es peor, hay trabajadores a los que la empresa podrá despedir totalmente gratis, aquellos que contraten las pymes y autónomos con el nuevo contrato indefinido de apoyo a los emprendedores, con periodo de prueba de un año y que actualmente va de dos a seis meses, además, son contratos subvencionados durante todo un año.

En cuanto entre en vigor esta norma, los empresarios tendrán las manos libres para poder aplicar expedientes de regulación de empleo (ERE) sin necesidad de obtener el visto bueno de la autoridad laboral competente, algo que hasta ahora era imprescindible. Les bastara con comunicarlo a la autoridad laboral y abrir un periodo de consultas con la representación de los trabajadores y, en caso de que no llegaran a un acuerdo en el tiempo marcado, agarrémonos los machos, aunque pueda ser recurrida por el trabajador el empresario podrá imponer unilateralmente sus condiciones, perfecto, tendremos mas esclavos para los patronos, igual que en la opoca de la poda de la caña de azucar.