La UE condena a España por incumplir la directiva del agua en lo que se refiere a transvases, por no respetar los cauces naturales de los ríos. Y que es lo que sucede con el agua de La Caldera de Taburiente, incumple doblemente la directiva, no solamente no respeta los cauces naturales sino que encima el agua que se obtiene no es de titularidad pública, sino que es de una empresa llamada Las Haciendas de Argual y Tazacorte, un grupo de agricultores y los antiguos poseedores de la tierra palmera.
Esto debería llevarse al Tribunal de Justicia de la UE.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/10/24/actualidad/1382637597_827378.html
Antares
Esa sentencia europea en nada cuestiona la titularidad del agua y es que en Canarias conviven, desde hace siglos, un régimen de agua pública sometida a la Ley de Aguas y otro de aguas privadas que se rige por el Código Civil y para convertir éstas en públicas se tendría que acudir a un proceso expropiatorio con elevadas indemnizaciones a pagar y, presuntamente, poco popular en el Valle.
De no hacerlo así, la administración pública incurriría en una vía de hecho -nula de pleno derecho- que los tribunales de justicia dejarían sin efecto y, en el poco probable caso de que así no fuera, lo haría el propio tribunal europeo que se menciona.
Lo menos que le interesa a España ahora es la inseguridad jurídica aplicando medidas retroactivas, nacionalizadoras o populistas de carácter bolivariano.
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