Por un nuevo diseño de la red eléctrica para un sistema insular descentralizado
Antonio Cabrera.
Son tiempos de cambio en los sistemas eléctricos porque las renovables han llegado para quedarse y lo determinante es cómo hacemos la incorporación de las energías limpias y quiénes deben ser los protagonistas del proceso del cambio. Las renovables representan la alternativa para sustituir a unos combustibles fósiles que se acaban y es la solución para abordar el grave problema del cambio climático antropogénico que han provocado.
A un mantenimiento insuficiente de los grupos de generación en la central de Los Guinchos y la incorporación, en diferentes puntos de la geografía insular, de las instalaciones de autoconsumo y la no adaptación del sistema en su conjunto a las nuevas exigencias de la transición energética han sido las causas de diferentes apagones que tantas molestias y pérdidas económicas ocasionan.
Abordar las soluciones desde la política energética que corresponde a los grupos de gobierno que deben defender el interés general no es fácil cuando el dueño del sistema eléctrico insular es una multinacional extranjera del gobierno italiano. No es muy difícil entender que sus intereses, que son los dividendos de sus accionistas, no coinciden con los de los usuarios del servicio eléctrico en La Palma. Por lo tanto, en un contexto de intereses contrapuestos, las estrategias de solución a los apagones podríamos agruparlas en dos, la que mantiene el protagonismo del sistema en la gestión de la oferta, tiende a reparar las carencias del modelo fósil actual y que significan prorrogar la vida útil del sistema que se quiere cambiar y, la otra, la que busca la garantía del suministro y la estabilidad del sistema acelerando la transición energética, centrando el interés en la gestión de la demanda a través de una generación y almacenamiento descentralizado con una red de distribución digitalizada, democratización de las renovables y un control público y comunitario de su gestión. El mantenimiento del negocio del monopolio es incompatible con la defensa del interés general que, lamentablemente, es lo que está ocurriendo en Canarias cuando la transición ha quedado reducida a pasar de la dependencia del petróleo a la privatización de las renovables.
Exceptuando la línea de transporte de 66 kilovoltios entre Los Guinchos y el Valle que es de Red Eléctrica Española (SEPI) que representa el 20% del accionariado (80% restante multinacionales y fondos de inversión), el resto del sistema eléctrico insular, central de generación de Los Guinchos y la totalidad de la red de distribución, es propiedad de la multinacional Enel (accionista mayoritaria de Endesa) de la que es titular el gobierno italiano.
Las dificultades que La Palma Renovable ha tenido, desde la comunidad energética insular Energía Bonita, para desarrollar sus proyectos de autoconsumo compartido se explican desde ese contexto de intereses contrapuestos, donde la voluntad de la organización comunitaria en forma de cooperativa quiere ser protagonista en la gestión de su demanda eléctrica, impulsando un proceso de empoderamiento energético que equivale, por el otro lado, a una pérdida de clientes de quienes han tenido el control pleno del sistema insular. Por esa razón la filial de distribución de Endesa/Enel, E-Distribución ejerce una posición de dominio activa sobre el desarrollo de los proyectos de autoconsumo compartido de la Cooperativa Energía Bonita para los que la red es imprescindible.
La regulación del autoconsumo y las comunidades energéticas se ha desarrollado tan tarde para retrasar y obstaculizar la participación ciudadana, la democratización de las renovables que representa el cambio del modelo. Por eso, desde el primer momento, coincidiendo con la etapa de José Manuel Soria como ministro de Industria y Energía (2011-16), las eléctricas y multinacionales del sector hicieron una oposición feroz en contra del autoconsumo, ¿recuerdan lo del impuesto al sol?, y como obligaron a anular las primas a las renovables que arruinaron a unos cincuenta mil pequeños inversores españoles que creyeron en el BOE. Esa normativa aplicada con efecto retroactivo generó, al mismo tiempo, de acuerdo con el Tratado sobre la Carta de la Energía que protege las inversiones de medio centenar de recursos de inversores extranjeros, ha supuesto una deuda de España de varios miles de millones de €, de los que las arcas públicas ya han realizado indemnizaciones de varios cientos de millones, reclamaciones que continúan tramitándose actualmente.
Estamos hablando de una transición energética controlada por las multinacionales del sector y, no ha sido solo el autoconsumo el que ha llegado tarde y mal, peor lo que ha ocurrido con la red de distribución saturada que no se ha adaptado a las exigencias de nuevos protagonistas en el sistema eléctrico como son los prosumidores (consumidores y generadores a la vez), una red que facilite la generación y almacenamiento distribuido que permita gestionar de forma automática los excedentes de los autoconsumos para el pleno aprovechamiento de las instalaciones.
El problema está en una red de distribución vieja y opaca que no está preparada para gestionar la incorporación de instalaciones fotovoltaicas y sus excedentes, repartidas por todo el territorio insular y, la solución no es prorrogar las instalaciones del viejo modelo centralizado en Los Guinchos porque significa retrasar la incorporación de las renovables, cuando tenemos en La Palma el sistema eléctrico más aislado de Canarias con la mayor dependencia del petróleo y el mayor retraso de Canarias en el desarrollo de las energías limpias.
Los apagones tienen que cambiar de bando, de los ciudadanos y la economía local que son las victimas habituales a las multinacionales del sector. La isla necesita dirección y voluntad política para avanzar, acelerar, el cambio de modelo que es de la transición democrática de las renovables. Esa dirección ya existe desde el 2017, con el Manifiesto del Electrón, un amplio consenso social y de todas las formaciones políticas palmeras, para el cambio de modelo energético insular. Consenso que se ha actualizado en el 2023 con motivo del plan de recuperación social y económica de la crisis volcánica del Tajogaite. Y, a pesar de tener la suerte de contar con La Palma Renovable y la Cooperativa Energía Bonita que son un referente en Canarias y fuera de las islas como ejemplo de participación comunitaria, lamentablemente, los grupos de gobierno local parecen tener otras prioridades y la transición energética en La Palma sigue atascada.
Cuando el objetivo hoy, con un contexto internacional de permanentes crisis energéticas, es reducir la grave dependencia del petróleo y para ello se necesita la realización de inversiones para adaptar la red de distribución al nuevo modelo energético que es el de la autosuficiencia y la soberanía energética, el único que va a beneficiar a los consumos domésticos y a la economía insular, porque los costes de generación en el autoconsumo son de unos 50€/MWh mientras que en los Guinchos con petróleo es de 300€/MWh (datos del Anuario Energético de Canarias 2023 y de La Palma Renovable). Va diferencia. Un ahorro sustancial por cada megavatio que si trasladamos a la generación total de un año en la isla estaríamos hablando de un ahorro de 60 millones de €. Somos conscientes de que no existen los sistemas insulares 100% de generación distribuida, por ejemplo, la incorporación de la geotermia, si las perforaciones previstas llegasen a buen término, es generación concentrada que nos aporta gestionabilidad al sistema.
Los datos que obtenemos del Anuario Energético de Canarias nos indican que las renovables de generación concentrada de los grandes parques eólicos y fotovoltaicos, de gran impacto territorial y que representan la privatización del sol y el viento, no reducen los constes de generación y, por lo tanto, no tendremos beneficios en el recibo de la luz. Quedando meridianamente claro que el modelo que nos interesa en La Palma es el de generación distribuida basado en las dos modalidades de autoconsumo, individual y colectivo, acompañado de almacenamiento, también distribuido y una gestión comunitaria de la demanda con una red digitalizada que permita el aprovechamiento eficiente de los excedentes.
Somos los consumidores, los titulares de los contratos del servicio eléctrico, los que mantenemos la red de transporte y distribución con una aportación, en concepto de peaje de acceso, en torno al 12% de lo que pagamos en el recibo de la luz y que también aportamos otra parte para cubrir la disponibilidad de potencia en el sistema de generación, por lo tanto, es responsabilidad de Enel/Endesa la garantía del suministro que cuando incumple su obligación, como ha ocurrido en los apagones de La Palma y Tenerife entre 2018 y 2020. Se abrió el correspondiente expediente sancionador y, como es costumbre, un incumplimiento en los tiempos de la tramitación del expediente, ha obligado al gobierno canario a devolver los 46 millones de € (42,9 m€ + 3,5 m€ de intereses) de multa a Enel /Endesa y REE. Qué casualidad con los defectos de forma en la tramitación de este tipo de expediente, ¿los funcionarios encargados de estas tareas no conocen los procedimientos? Porque son frecuentes la nulidad de los expedientes sancionadores que afectan a las eléctricas y multinacionales del sector. La Audiencia de Cuentas de Canarias ve indicios de responsabilidad contable que deberá dilucidar el Tribunal de Enjuiciamiento Contable.
Frente a estos comportamientos en los que los usuarios siempre somos los perjudicados, tenemos que ir más allá de la soberanía energética en el sentido del uso y aprovechamiento de los recursos energéticos propios para sustituir al petróleo, y apostar por el control de la red como ya se está haciendo en muchas localidades de la UE y comunidades autónomas de España.
¿Qué proponemos? – Descartada la solución de la conexión submarina con Tenerife por que la profundidad oceánica entre Tenerife y La Palma es el triple que en el caso de La Gomera que acaba de inaugurarse estos días y que, como ciudadanos de a pie no entendemos los aspectos técnicos, ni tenemos porque saber lo que es deslastrar el sistema para evitar el apagón que es la explicación que se nos ha dado en el último apagón de la isla, pero lo que si tenemos claro es que las soluciones pasan por la aceleración de la transición energética en La Palma y no por medidas que prorrogan el modelo dependiente del petróleo. Por lo tanto, solicitamos:
1.- La aceleración1 de la incorporación de las renovables al sistema insular para desactivar los apagones, puesto que en un sistema de generación descentralizado el efecto de los ceros energéticos se amortigua, porque habría muchos centros de generación y almacenamiento distribuido con una red de distribución digitalizada que reparte excedentes en función de las demandas, frente al viejo modelo centralizado de Los Guinchos donde los impactos son mayores.
(1) En el documento “La Transición Energética en el Plan de recuperación social y económica de la crisis volcánica del Tajogaite (2023)” elaborado con la participación de todas las formaciones políticas de La Palma, tiene por objetivo principal la aceleración de la transición energética en el contexto de la última crisis volcánica. Aprobado por unanimidad en la corporación insular.
2.-Aprovechar la entidad que se ha constituido para desarrollar el proyecto de exploración geotérmica y ampliarla a toda la transición energética, convirtiéndola en una empresa insular pública- privada y comunitaria, siguiendo el ejemplo de Las Azores, para que prevalezca el interés general en el cambio de modelo, donde ya tenemos en la Palma Renovable y la Cooperativa Energía Bonita un embrión ejemplar de empoderamiento energético comunitario al que tendrían que sumarse los ayuntamientos y las entidades de la economía local (El cabildo de La Palma ya tuvo su empresa pública de electricidad “Riegos y Fuerzas de La Palma S.A. “(1947-1971) que, además, inició la electrificación de El Hierro, La Gomera y Fuerteventura).
3.- Exigencia de responsabilidades a quienes hayan permitido los defectos de forma del expediente sancionador a Endesa/Enel y REE por los apagones entre 2018-2020 y que ha llevado a la nulidad de dicho expediente y, por lo tanto, a que el gobierno canario haya devuelto el importe de la multa de 46,4 millones de €.
4.-Liberalizar los contadores del control de E-Distribución (Endesa/Enel) para tener acceso directo a toda la información relacionada con nuestros perfiles de consumo. Información imprescindible para una gestión racional a través de criterios de ahorro y eficiencia en nuestros consumos. ¿Por qué tenemos que pedir autorización al titular de la red de distribución para que nos permita acceder a los datos de consumo cuando somos dueños del contador y de la información que acumula? ¿Dónde queda aquí la ley de protección de datos? Cuando hoy sería sencillo acceder directamente a los datos del contador desde el móvil como lo hacemos a la información de nuestras instalaciones fotovoltaicas.
5.-Por la repercusión que la incorporación de las renovables tiene en el conjunto de la economía insular, apostamos por el control público del sistema eléctrico y, por lo tanto, reivindicamos la municipalización de la red de distribución (todas las formaciones políticas de la isla han suscrito esta demanda en el 2023 cuando actualizamos el Manifiesto del Electrón con motivo del plan de recuperación del Tajogaite 2021) para ponerla al servicio de los ciudadanos y las economías locales, como ya hace tiempo que se está reivindicando en muchas ciudades de la UE y algunas comunidades autónomas españolas, como es el caso de la Asociación de Municipios y Entidades por la Energía Pública (Amep) en Cataluña que comenzó con 47 municipios en el 2020 y hoy tiene 111 municipios y entidades que implica a una población de 3,4 millones.
6.-Que las administraciones locales palmeras (Cabildo y ayuntamientos) se unan a la alianza que se acaba de constituir para exigir la Auditoría de la Red de Distribución Eléctrica, por los frecuentes apagones que se producen y, especialmente, a partir del gran apagón en España del 28 de abril de 2025. Alianza de la que ya forma parte la Comunidad Energética Insular de La Palma, con la finalidad de sumar fuerzas para acabar con el control que el oligopolio E-Distribución de Endesa tiene sobre la red para mejorar su funcionamiento y ponerla al servicio del interés general.
Julio 2026
Antonio Cabrera
(Px1NME de La Palma)
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