Gobierno, FECAM y CGPJ firman la ampliación del escudo social para evitar desahucios en las islas

El consejero de Vivienda del Gobierno de Canarias en funciones, Sebastián Franquis, ha explicado este martes que con el convenio firmado con la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se amplía por otros cuatro años el escudo social para evitar desahucios en las islas.

Una firma que han plasmado Sebastián Franquis y la presidenta de la FECAM, Mari Brito, en un acto en el que el consejero ha explicado que este escudo social no es solo para familias afectadas por la crisis económica como consecuencia del coronavirus y por la guerra en Ucrania, sino que también incluye a las que están en una situación de vulnerabilidad por otros motivos.

Ha citado como ejemplos a las personas afectadas por violencia machista, pero también aquellas que tengan discapacidad y las familias numerosas que tengan problemas económicos.

Así, para acceder a esta ayuda los ingresos deberán estar por debajo de 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que está en 11.862 euros al año.

El consejero en funciones ha indicado que se trata de un protocolo de actuación para establecer los criterios en casos de alzamiento, desahucio o impago, y ha recordado que durante los últimos años se ha vivido una situación de emergencia habitacional en Canarias, donde, ha añadido, desde 2021 se han evitado unos 1.300 desahucios.

Sebastián Franquis ha dicho que como el actual escudo social dejará de estar en vigor el próximo 30 de junio se firma esta convenio para ampliarlo.

De este modo, cuando haya un expediente de desahucio por impago la autoridad judicial tiene la obligación de poner la situación en conocimiento del Gobierno regional, para que éste actúe en base al programa de viviendas que tiene a su alcance.

Sebastián Franquis ha manifestado que el gobierno canario ha comprado 85 viviendas que podrán usarse en estos casos para que se encuentre una definitiva o se ayude a pagar el alquiler o se negocie con las entidades bancarias o con los fondos de inversión para que las familias afectadas puedan pagar un alquiler social.

Los servicios sociales de los ayuntamientos harán los informes para confirmar la situación de las familias.

Ha reconocido el consejero en funciones que el problema de fondo se solucionaría si se es capaz de construir vivienda pública para destinarla fundamentalmente a alquiler asequible, ya que se abaratarían los precios.

La presidenta de la Federación Canaria de Municipios, Mari Brito, ha hecho un llamamiento para seguir trabajando en colaboración con los cabildos y el ejecutivo regional, así como con el Consejo General del Poder Judicial para solventar problemas habitacionales.