Demandan políticas y actuaciones urgentes que impulsen el sector primario como barrera natural para frenar los incendios forestales

La Mesa de la Mujer Rural y la Asociación Biocultural La Foresta reclaman a las administraciones públicas la necesidad urgente de políticas y actuaciones que impulsen el sector primario como barrera natural para frenar los incendios forestales y de interfaz, tras el último incendio forestal de Puntagorda, que afectó también a Tijarafe y al Parque Nacional.

La Palma, sostienen, es la isla canaria con mayor incidencia de grandes incendios forestales (GIF), todos ellos con una importante afección al interfaz urbano forestal. Señalan en un comunicado que estos grandes incendios son cada vez más recurrentes e intensos, que generan graves problemas de seguridad a la población, con una potencial afección a la vida de las personas, sus bienes, cuantiosas pérdidas económicas y un deterioro del medioambiente. “El principal factor que contribuye a su propagación, sin ninguna duda, es el abandono de las actividades agropecuarias y del mundo rural”,

Al respecto señalan que estos grandes incendios forestales “continuarán desolando nuestra isla si no se produce un cambio de paradigma en el  modelo de gestión territorial actual. Actualmente, el principal problema es que las acciones para hacer frente a esta situación se centran en la extinción de los incendios, en vez de en la prevención, aún sabiendo que no existe ningún sistema de extinción de incendios eficaz si se unen todos los factores de riesgo a la vez: difícil topografía, tiempo atmosférico desfavorable y combustible altamente inflamable”.

“Urge pues, actuar haciendo hincapié en la prevención de incendios forestales en lugar de apostar por un enfoque basado únicamente en la extinción”, defienden.

Al respecto afirman que impulsar la ganadería y agricultura tradicional constituye la herramienta más eficaz para la lucha contra los incendios forestales porque actúan como cortafuegos productivos, generan paisajes mosaico resilientes y potencian la custodia del territorio por parte de la población local. Además de otros beneficios directos como la diversificación y potenciación de la economía – rural y sostenible-, la producción de alimentos únicos y de gran calidad que promueven la salud y la soberanía alimentaria, la conservación del patrimonio, y el aumento de biodiversidad, también fijan a la población rural, contribuyen a la mitigación y adaptación al cambio climático y nos hacen menos frágiles en el contexto global.

Por todo ello, solicitan un apoyo decidido a estas actividades y reclaman políticas y estrategias dirigidas al impulso del sector agroganadero en La Palma.

En este sentido, la Mesa de la Mujer Rural y la Asociación Biocultural La Foresta solicitan:

– Una gestión del territorio coherente con el territorio insular, en la que exista una coordinación intersectorial de todos los actores implicados: ordenación del territorio, agricultura, ganadería, medio ambiente, turismo y agentes locales, dirigidas al manteamiento y fomento de la productividad del sector.

– Planificación participativa y generación de líneas estratégicas de actuación con la creación de Áreas Estratégicas de Gestión para la prevención de incendios forestales y de cinturones de seguridad en torno a los cultivos y  asentamientos poblacionales.

– Seguimiento exhaustivo del artículo 268 de La Ley del suelo que determina que los propietarios de terrenos agrícolas situados a menos de 500 metros de superficies forestales deberán garantizar su limpieza y mantenimiento, habilitando fórmulas de financiación a través de los consistorios locales para aquellos propietarios que no puedan asumir tal obligación.

– Revisión de los instrumentos de ordenación, implementando un enfoque agroganadero, generando bolsas de suelo de uso ganadero y simplificando la normativa para facilitar  la producción agrícola.

– Agilizar la concesión de permisos y reducción de trabas burocráticas en el sector (quemas, cortas, aprovechamientos) fuera de espacios protegidos, clarificar los criterios de concesión de autorizaciones, por ejemplo, de corta de pino canario en zonas agrícolas abandonadas, evitando la actual arbitrariedad, además de dejar de criminalizar a los productores locales y trabajar de la mano pasando por mejorar la coordinación, planificación y la necesaria corresponsabilidad de los vecinos.

– Fomentar la agricultura tradicional, con mención especial a viñas y almendreros, a través de la recuperación, restauración y rehabilitación de tierras de cultivo.

– Potenciar el pastoreo con especies autóctonas (cabra y oveja palmera) en zonas estratégicas, independientemente de su titularidad, y detectar zonas aptas para el cultivo de forraje para su puesta en explotación.

– Impulsar la productividad del sector agrario apostando por la promoción de los productos locales, por la comercialización, la denominación de origen, la mejora de las infraestructuras como redes de riego y pistas.

– Reducir la competencia desleal del uso turístico en suelo rústico de protección agrícola y paisajística, facilitando a los productores el acceso al agua y a los terrenos.

Desde la Mesa de La Mujer Rural de La Palma y la Asociación Biocultural La Foresta destacan la necesidad de que las entidades gubernamentales tomen estas medidas de manera urgente para fomentar y proteger el medio rural, reducir el abandono de los campos, fomentar la llegada de jóvenes que puedan hacerse cargo de los cultivos de una manera rentable y prolongada en el tiempo,  y para la reducción de los grandes incendios forestales que “en los últimos años nos han asolado”, dicen.