El pleno del Parlamento de Canarias ha reclamado al Gobierno de España que la tasa municipal de residuos que se aplicará a partir de abril de 2025 no suponga un coste adicional para los ciudadanos, así como que se respete la autonomía municipal a la hora de establecer sus tributos.
La propuesta fue defendida por el diputado del PP Jacob Qadri, quien afirmó que la tasa de residuos, que se aplica tras la transposición de la legislación europea de economía circular, es abusiva, no mejora el servicio de recogida y reciclaje de basuras y solo persigue recaudar a costa de los ciudadanos.
Según Qadri, que aceptó una enmienda de CC, la Ley de 2022 de economía circular que adapta las directivas europeas obliga a los ayuntamientos a repercutir a los ciudadanos el coste total de recogida, gestión y tratamiento de residuos, lo que supondrá una mayor carga fiscal sin que haya una mejora en el servicio.
A favor de la propuesta del PP votaron CC, ASG, AHI y Vox, pero se opusieron PSOE y NC.
Alicia Vanoostende, del PSOE, acusó al PP de politizar incluso la basura y de plantear falacias y engaños, puesto que la tasa de basura ya se cobra y lo que se plantea es que los ayuntamientos tengan un papel activo y un compromiso con la economía circular para favorecer la separación, gestión y reciclaje de residuos.
La diputada socialista recordó que el PP votó a favor de la directiva en el Parlamento europeo y se abstuvo en su transposición en el Congreso, mientras que Yone Caraballo, de NC, indicó que CC votó a favor en el Congreso.
“Esto no se lo ha inventado Pedro Sánchez, los servicios públicos los pagan los ciudadanos”, dijo Caraballo.
Sin embargo, para Jacob Qadri esta tasa es “un abuso”, “un disparate” al que no obliga la directiva europea y solo busca recaudar.
José Manuel Bermúdez, de CC, consideró que esta tasa es “una decisión arbitraria e injustificada que repercute de manera directa en el bolsillo del ciudadano”.
En el acuerdo aprobado se pide al Gobierno de España que respete la autonomía municipal y reconozca la libertad de los ayuntamientos para establecer sus propios tributos.
Se reclama, entre otras medidas, que se reforme la Ley para que garantizar que no haya más cargas fiscales para los ciudadanos y que se defina el coste por servicio.
quito
El que contamina, que pague. No son los ciudadanos, son las administraciones municipales las que tendrían que pagar por no gestionar bien la recogida separada de basura.
No podemos seguir mandando la basura sin separar a donde la tratan, para que al final la mayor parte termine enterrada.
Estamos ante una emergencia climática alarmante y todavía se plantean no hacer nada?
Como puede ser que un ayuntamiento que haga bien si gestión de basura tenga que pagar lo mismo que otro que no gestiona nada?
Quizás el problema de los que están en contra, es que no se informan.
Es más fácil, como en todo, echarle la culpa al gobierno central..
ignorantes, pónganse a estudiar.
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charcoverde
Es que el coste de la tasa de “gestión de residuos” ya la estamos pagando directamente o indirectamente, pero pagamos el coste al completo.
Ahora lo que sucede es que esos pagos indirectos se exige que estén agrupados en directos en un recibo.
Hasta ahora no sabemos cuánto nos cuesta ese “servicio” y cuando se ha despilfarrado, a partir la entrada en vigor SI lo sabremos y nos vamos a quejar airadamente de lo caro, ineficiente, insostenible y disparatado que han venido gestionando en el pasado y lo continúan haciendo en la actualidad con este “servicio” y les vamos a pedir cuentas directamente y eso no les gusta NADA.
Lo que les gusta es “jugar a ser traileros” y hacer aparecer la bolita roja debajo de la cajita que les conviene cuando no sacar el conejo del sombrero por arte de magia solucionando problemas.
Pues ahora se acabó y tendrán que jugar con vasos TRANSPARENTES y vamos a ver dónde está la bolita y cuanto cuesta.
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Choanastasia
Ladrones! Gobierno central, autonomía y aytos.
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