Los ayuntamientos arruinan a las empresas

La pésima gestión urbanística en la inmensa mayoría de los ayuntamientos de Canarias es una desgraciada constante que cada vez se agrava, porque cuando no se avanza, sino que todo sigue igual, significa que retrocedemos. Tardanzas en la tramitación y concesión de las licencias de obra mayor que superan con creces en la mayoría de los casos (más de cuatro años) los tiempos establecidos por la Normativa vigente (tres meses). No se puede seguir consintiéndolo.

La burocracia, esa maquinaria desengrasada, obsoleta, inservible y entorpecedora en materia urbanística, se ha convertido en uno de los principales frenos al desarrollo económico y social. La teoría nos señala que los procedimientos urbanísticos existen para ordenar el territorio, proteger el entorno y garantizar la seguridad jurídica, sin embargo, en la realidad, una excesiva complejidad normativa, la superposición de competencias y los tiempos administrativos, siempre imprevisibles, terminan produciendo un efecto contrario, paralizando proyectos viables, ahogando a las empresas y arruinando a los empresarios y empresarias.

Cuando un inversor tiene voluntad y financiación para ejecutar un proyecto, por supuesto que lo quiere sacar adelante, pero si las licencias tardan años en resolverse, se lo piensa dos veces y busca otros lugares donde haya agilidad y eficiencia en la gestión. También las entidades financieras pierden la confianza, los posibles socios se cansan de esperar y los costes financieros se disparan. Lo que en un inicio era un plan rentable se transforma en un riesgo peligroso y lo más grave es que toda la problemática se debe a trámites que, en el mejor de los casos, deberían resolverse en meses, no en años.

La demora administrativa genera un efecto dominó, los proyectos urbanísticos condicionan inversiones que inciden no sólo en el empleo, sino en múltiples variables económicas. Cuando una licencia se retrasa más de los tres meses establecidos por la legislación, no solo sufre el promotor, sino que se paraliza toda la cadena productiva que depende de ese proyecto. La burocracia, entonces, deja de ser un asunto meramente administrativo para convertirse en un problema gangrenado, que afecta a cientos de familias y a muchas empresas.

El empresario, por su parte, vive esta situación con una sensación continua de impotencia, nervios, angustia, que incide en su propia familia. No puede acelerar los trámites porque no dependen de él, no puede planificar a largo plazo porque el calendario administrativo es imprevisible y no puede competir en igualdad de condiciones frente a otros territorios donde todo es más claro, rápido y eficiente. Como es lógico, muchas empresas terminan desviando sus inversiones a lugares con mayor agilidad administrativa, dejando atrás ayuntamientos fallidos.

La burocracia urbanística también desalienta la innovación. Proyectos sostenibles, iniciativas de regeneración urbana, nuevas tipologías de vivienda o modelos de construcción industrializada requieren marcos normativos flexibles y capacidad administrativa para adaptarse a la realidad del mercado. Cuando los procedimientos se convierten en un laberinto, las ideas se frenan y los empresarios optan por no arriesgar.

La inexistencia de voluntad resolutoria dentro de la Función Pública es matadora. Las oficinas públicas urbanísticas son como los cementerios, donde se podrían poner placas diciendo, aquí yace la empresa alfa, allí la empresa omega y acullá la empresa sigma, todas fallecidas por sus incompetencias.

Los políticos y los funcionarios, siendo la generalidad, destruyen oportunidades, frenan recursos, frustran iniciativas empresariales y generan un clima de desconfianza por doquier. Es imprescindible simplificar procedimientos, pero, sobre todo, incorporar responsabilidad personal y compromiso cierto con sus funciones. No es persona baja el que trabaja. Los funcionarios y los responsables públicos no deberían ser el problema, que lo son, sino lo contrario, la solución.