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La patronal palmera solicita la Obligatoriedad de Servicio Público para la línea marítima con Cádiz

  • El Gobierno canario respalda esta petición por su importancia para la Isla

Un momento de la reunión de la patronal palmera con el director general de Transportes.

Representantes de la Federación de Empresarios de La Palma y de Cepyme La Palma han mantenido un encuentro con el director general de Transportes del Gobierno de Canarias, Elías Castro, a quien le ha solicitado el apoyo del Gobierno de Canarias para modificar el artículo 8 Real Decreto 1516/2007, que determina el régimen jurídico de las líneas regulares de cabotaje marítimo y las navegaciones de interés público, incluyendo en las frecuencias mínimas de los servicios la línea que une Cádiz y La Palma, de frecuencia semanal.

Elías Castro mostró su apoyo a la petición y su compromiso para trabajar en la línea de conseguir la declaración de Obligación de Servicio Público de los trayectos marítimos entre Cádiz y La Palma, antes de que concluya la actual prórroga del contrato en marzo de 2018.

Asimismo, Castro destacó la importancia de las actividades del transporte como elemento de cohesión territorial de Canarias y las líneas de trabajo de la Consejería regional tendentes a conseguir los mayores niveles de conectividad marítima y terrestre de La Palma, destacando especialmente una línea de trabajo a desarrollar durante la presente legislatura en materia de logística y transporte.

Estos trabajos persiguen mejorar las condiciones operativas de transporte de mercancías entre islas en todas sus vertientes, coordinándose con las restantes administraciones públicas en materia de Inspección Portuaria, Aduanas o Inspección Fitosanitaria, entre otras cuestiones.

Igualmente, el director general de Transportes anunció la próxima constitución de un grupo de trabajo conjuntamente con AENA para estudiar los diferentes aspectos relacionados con la movilidad en el Aeropuerto de La Palma, y comunicó a la Federación de Empresarios de La Palma y Cepyme La Palma los trabajos que se vienen desarrollando para modificar determinados aspectos de la normativa canaria en materia de transporte terrestre, con especial incidencia en aspectos relativos a fomentar una movilidad más sostenible, la potenciación de los servicios colectivos de transporte y el transporte a la demanda.

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