Canarias por Palestina denuncia que el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma "castiga" la solidaridad con este pueblo

“El Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma ha castigado económicamente a la Plataforma Canarias por Palestina La Palma con una sanción de 900 euros por defender los derechos humanos del pueblo palestino”. Así lo han denunciado en una nota de prensa, en la que explican que el pasado mes de julio, coincidiendo con las fiestas lustrales de la Bajada de la Virgen, la Plataforma Canarias por Palestina en La Palma organizó una acción de denuncia del genocidio que se venía cometiendo en Gaza.

“La iniciativa consistió en colocar varios carteles apoyados en la torre de la Parroquia del Salvador y colocar en el suelo una pequeña tela con material informativo. Era un acto pacífico que no obstaculizaba ni molestaba a nadie, por sus mínimas dimensiones y por estar ubicado en un ensanchamiento de la calle que nunca usan los peatones”.

Señalan que, “de manera incomprensible, esta acción fue denunciada por funcionarios del ayuntamiento como falta grave por provocar una “obstrucción deliberada del tránsito de peatones” y por realizar una “instalación” en el espacio público sin la correspondiente autorización municipal”. “Se aplicó la Ordenanza de Convivencia a una acción de protesta pacífica que no causó perjuicio alguno, con un rigor y una desproporción, difíciles de entender, constituyendo un uso de las ordenanzas con sentido represivo sobre el derecho fundamental a la libertad de expresión. El Tribunal Constitucional ha reiterado en varias sentencias que las ordenanzas municipales no pueden utilizarse para restringir la difusión de ideas políticas, especialmente cuando no existe alteración del orden público”.

Indican que “lo más sorprendente es que el Ayuntamiento tolera abiertamente que, en medio de la calle O’Daly, se coloquen todos los días pizarras, instalaciones y carteles con fines puramente comerciales. Para estos casos se flexibilizan las ordenanzas. Sin embargo, se persigue, con un celo implacable, una mínima ocupación efímera y pacífica de la calle en defensa de los Derechos Humanos. De nada sirvieron las argumentadas alegaciones presentadas, acompañadas de pruebas fotográficas, que respondían a las falsedades e imprecisiones vertidas en la denuncia”.

Con esta decisión, aseguran que “el Ayuntamiento de nuestra ciudad se une al objetivo de disuadir la protesta, sumando un caso más a la larga lista de actuaciones que vulneran el derecho a la libertad de expresión de la ciudadanía. En este sentido, Amnistía Internacional documentó 95 casos relacionados con acciones de solidaridad con el pueblo palestino en un informe publicado el pasado 2 de junio. Siendo el caso más extremo el de los cuatro activistas vallisoletanos a los que se les pide 8 años de prisión por portar banderas palestinas al paso de la vuelta ciclista por su ciudad”.

“Los casos de represión contra la solidaridad con el pueblo palestino no son hechos aislados. Según el citado informe de Amnistía Internacional, forman parte de un problema estructural que se prolonga desde hace más de una década. La organización señala como uno de los factores clave la aprobación y aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza”.

“Con la convicción de que este caso se enmarca en una larga serie de actuaciones represivas contra el movimiento de solidaridad con el pueblo palestino, hemos decidido poner en marcha una campaña de denuncia pública y de recaudación de donativos con el objetivo de hacer frente al pago de las multas impuestas. Queremos agradecer las aportaciones que han realizado hasta ahora una gran cantidad de personas y entidades. La lucha contra el genocidio y por los derechos del pueblo palestino continuarán hasta que Palestina sea libre”.