El Gobierno intensifica la lucha contra la pesca ilegal con 12 nuevos agentes de inspección

La consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias intensifica la lucha contra la pesca ilegal con la incorporación de 12 nuevos inspectores a la dirección general de Pesca. El consejero, Narvay Quintero, presentó hoy a los nuevos agentes, que desarrollarán labores de control en materia pesquera en las dos provincias.

Durante el acto, el responsable del Departamento señaló que estas incorporaciones, que suponen prácticamente duplicar los medios humanos destinados a este fin, han tenido lugar después de que el Ejecutivo canario aprobara la convocatoria de plazas al considerar éste un sector estratégico, y responden a uno de los objetivos de legislatura de esta Consejería, plasmado en los presupuestos de este ejercicio, y al compromiso de su equipo de reforzar las acciones de control para combatir el furtivismo, dando respuesta a los diferentes sectores, tanto el profesional como el recreativo, para evitar el intrusismo en esta actividad y, en consecuencia, la competencia desleal que genera la pesca ilegal, además de proteger los recursos pesqueros de Canarias.

Contando a los nuevos agentes, el Gobierno autonómico dispone actualmente de 25 inspectores, seis embarcaciones y 15 vehículos, como medios técnicos, a los que se suma el empleo de drones. Estos vehículos aéreos no tripulados permiten realizar actuaciones que desde tierra son inviables, al posibilitar el acceso a áreas donde los inspectores no pueden llegar al ser zonas especialmente escarpadas, lo que se traduce también en una mayor seguridad para los agentes de inspección.

Quintero explicó que, además, con el propósito de incrementar la lucha contra el furtivismo en los puertos que son competencia autonómica y estatal, se han establecido protocolos de colaboración con éstas instalaciones portuarias para compartir información y realizar acciones conjuntas para optimizar el uso de recursos, que se suman a los alcanzados con las policías locales, la Policía Canaria y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con el fin de trabajar conjuntamente para intensificar los controles pesqueros en el Archipiélago sin que esto suponga un incremento del gasto.

Por su parte, el director general de Pesca, Orlando Umpiérrez, comentó que el Ejecutivo canario también está haciendo una clara apuesta por la formación poniendo a disposición de los agentes del orden cursos formativos sobre protocolos de actuación en casos de infracciones en materia pesquera, impartidos por los técnicos de la dirección general de Pesca y que cuentan con la colaboración con los Cabildos insulares de las Islas.

Umpiérrez destacó durante su intervención la necesidad de seguir trabajando de forma coordinada entre todos los agentes implicados en las labores de inspección pesquera tanto en aguas interiores como exteriores de Canarias para acabar con el furtivismo, “que perjudica enormemente a todos los tipos de pesca que se practican en el Archipiélago”, trabajando para conseguir una mayor vigilancia y control de los recursos pesqueros.

Otras acciones

Además de las actuaciones comentadas, el Gobierno de Canarias está desarrollando una aplicación, “PesCanApp”, dirigida a pescadores profesionales y recreativos, que permitirá disponer de datos de capturas, cifras de las que no se dispone actualmente, en el caso de la pesca y marisqueo recreativo, y se está trabajando en el Sistema de información para la gestión de inspecciones de pesca de la Comunidad Autónoma de Canarias (SIPEC), una aplicación informática que realizará un análisis de riesgos para reforzar la inspección en los ámbitos de mayor incumplimiento de la normativa pesquera.

En un afán de mejorar los procedimientos de inspección pesquera se está habilitando además la posible presentación de denuncias de particulares, por medios telemáticos, es decir de forma online empleando la Sede Electrónica del Gobierno de Canarias.

En la lucha contra el furtivismo no sólo se actúa desde la inspección, mejorando las redes de comercialización se reducirá también la posibilidad de entrada en la red de pescado que no tenga un origen legal, con el convencimiento de que si los comercios no compran a los vendedores furtivos, éstos abandonarán la práctica de la misma.