El Partido Popular muestran su preocupación por la situación de “parálisis” en la que sigue el Centro Empresarial e Industrial de La Palma (CEIP), ubicado en la antigua fábrica de tabaco JTI, en El Paso.
Tanto el portavoz adjunto del PP en el Cabildo, Carlos Cabrera, como el portavoz en El Paso, Ángel Tomás Hernández, insisten en la necesidad de reactivar esta iniciativa que “impulsó el PP en su pasada etapa de gobierno en la institución insular, que se encontraba completamente olvidada por los continuados gobiernos nacionalistas, quienes no había mostrado ningún tipo de interés ni ganas por poder darle una salida a estas instalaciones”.
Carlos Cabrera ha insistido a nacionalistas y socialistas durante estos dos años y medio de oposición por la situación en la que se encuentran los pliegos para sacar a concurso las naves que allí se encuentran ya que no se les ha facilitado información al respecto y ha puntualizado que dejaron un borrador bastante avanzado a su salida del gobierno en mayo de 2015.
“Hemos insistido al gobierno en que debería seguir trabajando paralelamente en las actuaciones que la antigua JTI necesite y al mismo tiempo en finalizar los pliegos para iniciar el proceso de concurso por parte de cualquier empresa que pueda estar interesada y no sumirse en esta inacción”.
Los populares señalan que en los últimos meses se ha dado a conocer a la opinión pública que existe interés por distintas empresas para ubicarse en esta zona, entre ellas Mercadona, y lo que “tiene que hacer el Cabildo es trabajar para para ofertar de manera pública y en igualdad de oportunidades estas infraestructuras”.
Cabrera también ha recordado que existía un compromiso del anterior equipo de gobierno con COFARTE (Cooperativa Farmacéutica de Tenerife) para disponer de una de estas naves por el interés estratégico que este ente tiene para el suministro de medicamentos a la isla.
Finalmente, tanto Cabrera como Hernández han manifestado que la postura del PP es clara y sigue siendo la misma: poner en valor estas infraestructuras para que aquellas empresas que estén interesadas puedan concursar de manera pública y transparente accediendo a las mismas de una manera regulada y dejar al margen falsas promesas o compromisos sin fundamento legal.
