Empresarios y políticos hacen un frente común para que se mantenga la línea con la Península

Las principales organizaciones empresariales y destacados políticos de las tres principales partidos con representación en la Isla Bonita han "escenificado" este viernes, convocados por Cepyme La Palma, unidad y un frente común para solicitar al Gobierno de España que paralice el concurso de la gestión de servicios de la línea marítima de interés público Península-Canarias que ha dejado fuera a La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, puesto que consideran que no es lógico que se mantenga la Obligación de Servicio Público solo para las islas capitalinas, que precisamente están mejor comunicadas cuando se debería atender a las que mayores dificultades de comunicaciones tienen. Por ello, solicitan al Ministerio de Fomento que se cambie el pliego de condiciones y que se incluya a las tres islas porque de lo contrario se dejaría en manos de las navieras la prestación de un servicio clave para el transporte de mercancías y de personas, con el riesgo que ello supone. Consideran vital que La Palma tenga una conexión marítima directa con la Península.

El presidente de Cepyme, Tomás Barreto, hizo hincapié en la unidad existente porque "es una necesidad que hay que resolver" ya que consideró fundamental para la Isla contar con un enlace directo con la Península como lo tienen las Baleares, donde "es un derecho que tienen todas las islas sus enlaces directos con la Península y no se tiene el criterio de que estando las dos capitales de provincia, las otras no sean obligación del Estado". El empresario palmero manifestó que "no hay razón para que Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas tengan una conexión directa con aportaciones del Estado y La Palma, Lanzarote y Fuerteventura no", insistiendo en que es necesario de que la Isla cuente con un enlace directo con escala a la Península porque "dejar la exportación de plátanos condicionada a que se mande a Tenerife, seguramente a los Cristianos, para después llevaRlos a Santa Cruz, etc, no es de recibo".

La senadora María de Haro (PP) también defendió la necesidad de que se mantenga la línea marítima con la Isla, ya que "es fundamental para el transporte no solo de plátanos sino del resto de productos del sector primario y también de personas", y aseguró que le consta, por los contactos mantenidos estos días, la preocupación que tiene el Ministerio de Fomento porque se mantenga la conectividad de las tres islas. Recordó que con anterioridad a esta licitación, se planteó en junio de 2013 por el Ministerio un contrato que establecía todas las conexiones, en las que estaban incluidas las tres islas, pero que en julio se declaró desierto porque no se presentó ninguna compañía y que entonces el Ministerio llega a un acuerdo con la compañía Acciona Mediterránea de una prórroga de seis meses, que finaliza en marzo, sacando a continuación una nueva contratación que establece los destinos de Las Palmas y Tenerife, que son los únicos que desde 2007 son de Obligación de Servicio Público, y con una mejora en la cuantía económica de 50 puntos sobre cien para quien oferte los destinos de La Palma, Lanzarote y Fuerteventura.

La senadora anunció que la ministra ha mantenido reuniones con las compañías para conocer su postura al tiempo que recordó que en 2006 tampoco salían como obligatorias las tres islas. Aún así, María de Haro transmitió que no hay ninguna posibilidad cerrada, "es lo que me trasladan desde el ministerio", y que lo que se intenta es que se mantenga y que continué con un servicio fundamental para la isla de La Palma.

El diputado socialista Manuel Marcos, por su parte, consideró imprescindible que las islas sigan contando con esta escala "en nuestros puertos porque lo contrario es un ataque brutal al desarrollo económico e incide de forma negativa en elevar los costes que se derivan de la doble insularidad. Estamos en una situación económica difícil y lo que no es asumible es que el Gobierno saque a licitación la línea que conecta Canarias con la Península, dejando fuera a las tres islas". Marcos Pérez precisó, en respuesta a la senadora, que si la línea no está declarada de obligación de servicio público "no es menos cierto que siempre se ha adjudicado incluyendo la escala en Santa Cruz de La Palma, Puerto del Rosario y Arrecife", insistiendo en que tiene que paralizarse la licitación para que se corrijan los pliegos que incluyan las escalas en las tres islas porque las buenas intenciones no sirven en este momento. El diputado socialista no dudó en afirmar que "de lo contrario estaremos asistiendo a una vulneración de los derechos como canarios y a un ataque al desarrollo económico del archipiélago y de una isla como La Palma porque esto supondría elevar el coste de la cesta de la compra y de la doble insularidad".

La secretaria general de CC en La Palma, Guadalupe González Taño, revindicó la necesidad de que este servicio se mantenga como un derecho para los canarios y sobre todo para las islas no capitalinas porque "lo que no puede ser es que se mantenga el concurso precisamente para las islas mejor conectadas cuando la OSP nace para favorecer aquellas conexiones con dificultades gastando dinero público". "No tiene ninguna lógica que un concurso saque a las islas mejor conectadas y deje fuera a las islas con más dificultades". González Taño recordó que la situación económica y social de España y de Canarias no es la misma de 2006 y se preguntó qué ocurriría si Fomento decide dejar sin trenes directos a una región española. En su opinión, "eso no se le ocurre a nadie pero sin embargo sí se puede dejar a una isla sin conexión directa, que está a tres mil kilómetros, cuando las únicas alternativas para viajar son el barco o el avión". La nacionalista calificó esta situación como "un ataque más del Gobierno del PP y, sobre todo, del Ministerio Fomento que está siendo especialmente agresivo con Canarias y con las islas no capitalinas" y pidió a los representantes del PP que empiecen a concienciar al Gobierno central de que "lo que tenemos los ciudadanos canarios son derechos y no privilegios ni regalos". Afirmó que los recortes que se están produciendo "nos pueden retrotraer a los años 60 en la historia de La Palma" y que es preciso "hacer un frente común; esto se tiene que parar porque si no estaremos al albur de una compañía que un día quiera irse a otro sitio. Hay que hacer un esfuerzo para que esto se corrija porque los perjuicios para La Palma, desde el punto de vista del coste de la vida, los pasajeros, pueden ser muy cuantiosos".

El vicepresidente del Cabildo y portavoz de la Junta de Gobierno, Carlos Cabrera, (PP), intervino para lamentar "referencias" que no ayudan a la resolución del problema porque "podemos entrar en un dinámica absurda y dar una visión apocalíptica, cuando nuestro objetivo desde el Cabildo es trabajar para que se intente modificar los pliegos, porque no es bueno para la Isla estar supeditados a una compañía". Negó que se vayan a perder todas las conexiones pero "sí vamos a estar supeditados a los deseos de la iniciativa privada", por lo que "desde el Cabildo trasmitimos nuestro apoyo a las asociaciones empresariales porque La Palma necesita conectividad y el apoyo de todas las administraciones públicas porque es la hora de la Isla para impulsar este y otros objetivos que están sobre la mesa y que hay sacar adelante con independencia de lo que haya pasado porque eso sí que nos distancia y los que estamos aquí es para unirnos y no para distanciarnos".

El presidente de la Cámara de Comercio, Mauro Fernández, y el presidente del Consejo de Usuarios de Transporte de La Palma, Juan Manuel Guillén, mostraron también su rechazo a este concurso que consideran que se debe anular y mantener la prórroga hasta que se convoque uno nuevo ya que "supondría una triple insularidad para los palmeros", indicó el presidente de la Cámara. Por su parte, Guillén manifestó que "si algo bueno ha salido de esto, es la unanimidad de la respuesta de todas las instituciones políticas y económicas. Yo quiero creer que del Gobierno español va a haber la respuesta que en justicia corresponde a las islas menores".