Una "Constitución" canaria para más de 30 años

La actividad política en Canarias y las noticias sobre ella son tan abundantes que resulta casi imposible estar al tanto de todas ellas y de la trascendencia que en la práctica tienen para nosotros. Pero quizá una de las que más nos pueda interesar es la reciente aprobación del Estatuto de Autonomía de Canarias, una especie de Constitución o Carta Magna que servirá de guía y referencia para la convivencia y devenir político, económico y social de todos los canarios en muchos años, 30 o quizá 40. El 24 de octubre el Senado aprobó el nuevo texto del Estatuto de Autonomía de Canarias desde que en 1982 se aprobara el primero, nada menos que hace 36 años.

La larga y complicada tramitación ha contado con el apoyo de CC, PSOE, PP, NC y ASG, y no de Podemos y Ciudadanos, y si bien se han adoptado acuerdos curiosos como el que ya a Canarias no pertenecen solo siete islas, sino que, al añadir simbólicamente a la Graciosa, son ocho (si bien administrativamente seguirá perteneciendo al municipio lanzaroteño de Haría), intento trasladar a los lectores las consecuencias prácticas del nuevo Estatuto, como es que Canarias, como región ultraperiférica, recibirá un tratamiento de la Unión Europea que no se limita solo a la concesión de líneas de ayuda económica, sino que las políticas ejecutivas y normativas del Estado se adaptarán a las necesidades especiales de Canarias como archipiélago atlántico, alejado y fragmentado.

Una novedad muy importante supone que la Presidencia del Gobierno de Canarias puede disolver cuando lo considere oportuno el Parlamento regional y convocar elecciones sin necesidad de esperar a que se cumplan, como hasta ahora, los cuatro años de mandato tradicional, con lo que, dada la posible dificultad de conseguir mayorías absolutas, obligará a pactos, que, de ser inestables, pueden propiciar el adelanto electoral. Por otro lado, se establece por primera vez un catálogo de derechos para los canarios que las administraciones públicas deben observar y tener en cuenta a la hora de legislar, planificar y aplicar sus políticas ejecutivas, puesto que, si bien hasta ahora se establecían mandatos a las administraciones, con la reforma se refuerza jurídicamente su cumplimiento garantizando derechos a los ciudadanos, reforzándose, además, la colaboración y coordinación entre las instituciones canarias y estatales de cara a futuras modificaciones del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, garantizándose un programa de inversiones en las Islas distribuido entre el Estado y la Comunidad Autónoma. Por otro lado, Canarias se garantiza ser partícipe en el establecimiento o modificación de tasas y precios públicos en los puertos y aeropuertos del Estado, y aumenta sus competencias en aeropuertos y costas, reconociéndose como aguas canarias las existentes dentro del perímetro de las islas, pudiendo asumir competencias en materia de salvamento marítimo de manera coordinada con el Estado, lo que puede resultar muy útil ante el fenómeno imparable de la llegada de inmigrantes en pateras, con lo que, en definitiva, aumentan las posibilidades de autogobierno.

Una demanda muy solicitada por la ciudadanía era la supresión del aforamiento de diputados regionales y miembros del Gobierno, que se hará efectiva tras las próximas elecciones, de tal forma que si bien hasta ahora la competencia judicial residía en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias o el Tribunal Supremo, en lo sucesivo corresponderá a los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, con lo que Canarias se adelanta a los estatutos de Cantabria y Murcia, que fueron los primeros en contemplar la supresión de los aforamientos, pero que, en la práctica no han completado su tramitación.

Por último, aumenta el número de diputados en el Parlamento de Canarias, que pasa de 60 a 70, una decisión muy controvertida, como era de esperar, si bien resulta muy justo que Fuerteventura aumente en un diputado y se hayan modificado los topes en las votaciones, de tal forma que, tal como hemos defendido en el PSOE canario, para obtener un diputado regional se precise el 4% de los votos (antes el 6%), y para un diputado insular el tope baje de un 30 a un 15% de los votos, además de la novedad de que de entre los 70 diputados, 9 pertenezcan a una lista regional.

José Vicente González Bethencourt, Exsenador, miembro de la Dirección Regional del PSOE en Canarias.

Artículo publicado en El Día el 4 de noviembre de 2018.