El presidente de Canarias Fernando Clavijo, hizo entrega ayer a la comisaria europea de Política Regional, Corina Cretu, de las reivindicaciones del sector primario del Archipiélago y el Ejecutivo autonómico en relación al futuro presupuesto agrícola de la Unión Europea (UE) y los fondos de compensación para las regiones ultraperiféricas (RUP), como el POSEI.
Estos documentos fueron fruto de la reunión mantenida el miércoles pasado en Las Palmas de Gran Canaria en la que más de un centenar de agricultores, ganaderos y pescadores de todas las Islas firmaron dos documentos (uno específico para el sector pesquero y otro para el agrario) en la que se reflejaban las consideraciones que han llevado al sector y al Gobierno de Canarias a rechazar de manera unánime la propuesta de recorte de los citados fondos. Estos documentos le fueron entregados al presidente de mano del consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay Quintero, quien presidió la antedicha jornada del miércoles.
Respecto a la situación de la pesca en el Archipiélago, pescadores, armadores, organizaciones de productores y entidades comercializadoras y acuicultura solicitaron en esa declaración conjunta que establecer un POSEI para los asuntos pesqueros y marítimos de pesca de las RUP antes de que finalice 2023, así como un programa para gestionar las compensaciones por los costes adicionales que asumen los productores pesqueros y acuícolas de estas regiones, que incluya una financiación estatal adicional por este concepto, y mediante el cual se financien medidas de apoyo al desarrollo sostenible de la pesca y de la economía azul.
Demandan también que el nuevo Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) no establezca un límite máximo para las compensaciones por dichos costes adicionales, sino que sea cada Estado miembro el que determine dicho tope.
El subsector pesquero ha manifestado la necesidad de que a través del FEMP se mantenga el apoyo a las inversiones productivas de acuicultura y las dirigidas a infraestructuras de los puertos pesqueros y las lonjas.
Las entidades del sector agrario del Archipiélago, por su parte, expusieron en dicho documento su rechazo unánime a la reducción del 3,9% del presupuesto del programa POSEI porque va en contra del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE y generaría un negativo impacto en el sector agrario de las regiones ultraperiféricas, con la consiguiente degradación de la cohesión territorial y las condiciones económicas y sociales de las zonas rurales.
Se solicita además que el presupuesto para 2021-2027 incorpore una cuantía que cubra las necesidades reales de financiación, reconocidas por la propia Comisión Europea como insuficientes. Asimismo, piden que se mantenga la contribución máxima del FEADER al 85% en las RUP, en lo que ayuda pública se refiere (pilar 2 de la PAC); que no se les aplique a estas regiones la condicionalidad reforzada -es decir, que se flexibilicen los requisitos en materia medioambiental, de bienestar animal y sostenibilidad que se les exige-; que se diferencie a los agricultores de estas regiones en el nuevo reglamento, así como que se tengan en especial consideración los efectos del cambio climático en estas regiones por ser territorios más frágiles y sensibles que los continentales, entre otras.
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