El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, obtuvo hoy el apoyo “unánime” de su Consejo Asesor, del que forman parte las principales organizaciones patronales y sindicales de las islas, para exigir al Gobierno central el cumplimiento de los compromisos económicos reflejados en la ley de Presupuestos Generales de 2018 y la consideración, en el desarrollo del proyecto de presupuestos generales para 2019, de las condiciones y exigencias derivadas del nuevo Estatuto de Autonomía y del renovado Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias.
Clavijo insistió que Canarias “se juega muchísimo en esta delicada coyuntura” y recordó una vez más que “no se trata de atender o satisfacer nuevas demandas, sino de cumplir con lo ya establecido las leyes” con el fin de que la comunidad autónoma “consolide de manera estable y sostenida la media de inversión por habitante en España”.
Clavijo repartió entre los asistentes un contundente informe de la Consejería de Hacienda en las que se desarrolla una cuantificación de las medidas económicas del REF a incluir por imperativo legal en los presupuestos generales del Estado de 2019 y anunció una entrevista con la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, en la que le trasladará la evaluación de la Hacienda canaria y las demandas del Consejo Asesor.
En la reunión, que se prolongó más de hora y media, el Consejo Asesor del Presidente comprobó que quedan sin formalizar un nutrido grupo de convenios registrados en los presupuestos generales del Estado de 2018, actualmente prorrogados, como son el programa para la lucha contra la pobreza (18 millones de euros), la subvención a plantas potabilizadoras de agua (500.000 euros), la subvención para compensar los sobrecostes de la desalación y extracción de agua de pozos y galerías para riego agrícola (8 millones de euros), parte de carreteras (casi 248 millones) o el convenio con el Ministerio de Medio Ambiente en materia de aguas (40 millones), entre otros.
Si se hubieran cumplido los compromisos establecidos en los presupuestos generales de 2018, desde el punto de vista de la inversión regionalizada (y sumando los capítulos VI y VII) Canarias sería la quinta comunidad autónoma en inversiones per cápita, superando por primera vez en la historia la media de inversión estatal. A causa de los incumplimientos, en cambio, Canarias se ha quedado situada en el décimo lugar de las comunidades autonómicas, sustancialmente por debajo de la media inversora del Estado.
Al término de la reunión, patronales y sindicatos reafirmaron su apoyo “unánime” al Gobierno de Canarias en la reclamación de las cantidades comprometidas en los presupuestos generales de 2018, cifrado en 337 millones de euros, y en la imperiosa necesidad de que los presupuestos generales de 2019, cuyo anteproyecto aún no ha entrado en el Congreso de los Diputados, recoja las exigencias establecidas en el nuevo Estatuto de Autonomía y en los aspectos económicos y fiscales del REF.
En este contexto, el presidente de la CEOE-Tenerife, José Carlos Francisco, aseguró que su organización “apoya decididamente al Gobierno de Canarias en su reivindicación”, y no solamente “porque sea de justicia y porque sea una obligación legal, sino porque son convenios, políticas y recursos necesarios para el desarrollo socioeconómico de Canarias”. En parecidos términos se expresó el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Agustín Manrique de Lara, para el que Estatuto y REF “deben ser respetados y cumplidos” por todos los gobiernos.
Asimismo, los máximos responsables de las organizaciones sindicales UGT y CCOO en Canarias valoraron positivamente el anteproyecto de ley de presupuestos generales para 2019 “porque representa un claro giro social”, pero reclamaron sensibilidad y responsabilidad del Gobierno español hacia Canarias. En este sentido, el secretario general de UGT, Gustavo Santana, aseguró que se buscarán e identificarán las partidas dedicadas a Canarias “para adecuarlas a los compromisos a los que obligan el REF y el Estatuto”. Inocencio González, secretario general de Comisiones Obreras, reclamó “diálogo y consenso” para satisfacer las demandas canarias “cuyo cumplimiento exigimos en beneficio de todos los canarios”.
Por último, el presidente Clavijo aseguró que el Gobierno autonómico “ha mantenido y sigue manteniendo una actitud de diálogo y acuerdo”, porque “defender los intereses fundamentales de Canarias, defender nuestro fuero, no es atacar, agredir ni menospreciar a nadie, solo asumir la responsabilidad de luchar por nuestros derechos, por nuestro futuro, por los derechos y el futuro de los canarios y las canarias”.
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