El Consejo Insular de Aguas, dependiente del Cabildo Insular de La Palma, ha acordado recientemente en su Junta de Gobierno otorgar la concesión administrativa de la Balsa de Manuel Remón a la Comunidad de Regantes de Puntallana.
En este caso se da respuesta a una vieja solicitud realizada por esta comunidad y que tiene un plazo de duración de cinco años con posibilidad de renovación. Cabe destacar que el uso autorizado de las balsas será exclusivamente para el riego agrícola de los miembros de la Comunidad peticionaria y que el concesionario deberá satisfacer al Consejo Insular de Aguas un canon que se fijará y notificará anualmente por ocupación de bienes de dominio público hidráulico y que se completará con las obras de mantenimiento que realice el concesionario.
También corresponderá a la Comunidad de Regantes, según la concesión, la realización de las obras de mantenimiento y vigilancia y deberá suscribir una póliza de seguros multiriesgos que garantice con una cobertura suficiente cualquier eventualidad que pudiera producirse.
El vicepresidente insular y Consejero de Aguas, Carlos Cabrera, ha explicado que con la aprobación de este trámite por el Consejo Insular de Aguas se da respuesta a una demanda que durante años la Comunidad de Regantes de Puntallana venía realizando, no alcanzando a comprender las razones para esta parálisis.
Cabrera explica que afortunadamente en estos momentos estamos dando pasos, como el caso de Puntallana, para contar con las garantías legales necesarias para que los regantes puedan hacer un uso regulado de un bien tan preciado como es el agua y dedicado a uno de los principales motores económicos insulares como es la agricultura.
"No parecía lógico seguir manteniendo una situación irregular, que parece que a otros no les preocupaba, y que la propia comunidad de regantes estaba demandando una solución por el bien de todos", ha indicado.
"Finalmente, en la Concesión Administrativa a la Comunidad de Regantes de Puntallana, tenemos una ejemplo más del estilo que define al nuevo grupo de Gobierno del Cabildo Insular palmero que escucha las demandas de los vecinos y apuesta por una solución viable que esté dentro de la legalidad vigente y que prime el interés general", ha manifestado Cabrera.
