Ordenación del Territorio presenta una propuesta para "salvaguardar" el cultivo de la viña en la comarca noroeste y en Fuencaliente

La Consejería de Ordenación del Territorio del Cabildo de La Palma, tal y como se comprometió su responsable, Gonzalo Pascual, en el encuentro celebrado recientemente con la Mesa de la Mujer Rural, ha presentado una propuesta destinada a proteger el cultivo de la viña en la comarca noroeste de la Isla y en Fuencaliente, ante la preocupación mostrada por diversos colectivos debido a la amenaza que representa la presión que pueda representar la edificación extrahotelera sobre esta actividad agrícola en determinadas zonas de la Isla.

‘Viñedos de La Palma. Singularidad territorial y admisibilidad turística’ fue el informe presentado por técnicos del Servicio a representantes de entidades agrícolas y ganaderas, bodegas y otros colectivos (ADER La Palma) relacionadas con el ámbito rural, que se dieron cita en el encuentro celebrado esta semana en Museo Arqueológico Benahoarita para abordar esta problemática, sobre la que se está planteando trabajar en el marco de la revisión turística que se está realizando del Plan Insular.

Gonzalo Pascual detalló que el planteamiento del Cabildo para salvaguardar estas zonas de cultivos, que se corresponderían con las cotas altas de Tijarafe, Puntagorda y Garafía, así como en la franja de medianías bajas del municipio de Fuencaliente, tendrían una admisibilidad del uso turístico en el medio rural ajustada a sus valores, pudiendo implantarse en ellas, de forma exclusiva, los establecimientos de pequeña dimensión, sometidos al régimen de turismo rural sobre edificaciones ya existentes de quince o más años de antigüedad, excluyendo, por tanto, nuevas construcciones destinadas a turismo.

Una medida que estaría fundamentada sobre cinco pilares: los efectos sobre el precio del suelo; la insuficiencia de infraestructuras; la escasa demanda de uso turístico; el riesgo de incendio forestal, y el valor agroecológico, paisajístico y cultural que representan. “No estamos, por tanto, ante una decisión arbitraria, sino discrecional fundamentada tanto en criterios objetivos como subjetivos”, argumentó Gonzalo Pascual, quien señala además que “la disminución de porcentajes de suelo potencialmente disponible para hacer edificaciones alojativas es mínima y se complementaría con la conservación de la viña”.

“No solo son las villas turísticas lo que genera valor añadido en suelo rústico, sino también la posibilidad de que un uso ordinario y prevalente en el suelo rústico como es la agricultura y la ganadería, a través de otras acciones complementarias, como haciendo visitables las bodegas y pudiendo vender los productos en estos mismos sitios, hacen viables las explotaciones, se genera riqueza y empleo. Pero si se eleva el precio del único suelo donde se pueden plantar viñas difícilmente podrán mantener y expandir sus fincas para este uso”, explicó el consejero.
Criterios

Sobre los criterios para esta propuesta, cabe destacar en lo que se refiere al precio del suelo, que el suelo agrario canario es de los más caros de España debido a su escasez y a la competencia con el uso residencial y turístico. En los ámbitos de La Palma donde se aborda esta problemática, la admisión del uso turístico de nueva construcción contribuiría a incrementar el precio del suelo, dificultando la soberanía alimentaria, que los jóvenes se incorporen a las actividades del sector primario, impidiendo el relevo generacional y fomentando el abandono del medio rural, con sus múltiples y negativas consecuencias.

El segundo de los factores se encuentra en la escasa presencia de infraestructuras hidráulicas y viarias que den soporte a las nuevas edificaciones, lo que hace que estos suelos no sean aptos para admitir el uso turístico de nueva implantación por los costes desproporcionados que requeriría su dotación de servicios como el abastecimiento de agua potable, el suministro de energía eléctrica, alumbrado público o el pavimentado de caminos, especialmente al tener en cuenta el carácter disperso del uso turístico en el medio rural.

Otro de los factores tiene que ver con la escasa demanda. Prueba de ello es que las solicitudes de implantación de establecimientos turísticos alojativos desde la entrada en vigor de la Ley 14/2019, de 25 de abril, de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, se concentra en cotas inferiores a 500 metros. Por tanto, cabe inferir que el hecho de permitir, en los ámbitos tratados, únicamente los establecimientos de pequeña dimensión, sometidos al régimen de turismo rural sobre edificaciones ya existentes de quince o más años de antigüedad con el objeto de proteger la actividad agraria, no afectaría al potencial turístico de la isla en general o de los citados municipios en particular.

El cuarto factor es que los suelos citados presentan un elevado riesgo de incendios forestales. Por lo que permitir el uso turístico en esta zona significaría aumentar la interfaz urbano-forestal, lo que ocasionaría un incremento de la peligrosidad de los incendios. Asimismo, los cultivos de viña (característicos de las zonas citadas) funcionan como cortafuegos ya que no acumulan biomasa con alta combustibilidad y, por tanto, contribuyen a reducir el riesgo de incendios forestales.

Estos cultivos representan un alto valor agroecológico, paisajístico y cultural. Así los cultivos de viñedos presentes en estas zonas de la comarca noroeste, debido a la altitud y a las características climáticas de la zona, cuentan con cepas centenarias y variedades únicas en la isla, asentándose sobre suelos de alta y muy alta calidad agrológica. En el caso de Fuencaliente, el valor agroecológico del suelo se debe a la presencia, entre otras variedades, de la malvasía aromática.