El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, resaltó esta mañana, durante la sesión de control al Gobierno en el pleno del Parlamento regional, que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) avaló el pasado domingo y confirmó este lunes la medida regional de control de la pandemia por la COVID-19 más importante según los técnicos de Salud Pública; esta es, la limitación del número de personas en reuniones en función del nivel de alerta de cada isla.
Aunque el Ejecutivo canario haya acatado la eliminación del toque de queda, de la prohibición de entrar y salir en las islas en niveles 3 y 4 o las restricciones en eventos de culto en el exterior, Torres subrayó que el respaldo dado por el TSJC a la limitación del número máximo de personas no convivientes en reuniones (diez en el nivel 1, seis en el 2, cuatro en el 3 y dos en el 4) es un paso clave para seguir bajando las cifras de contagio y, junto a la creciente vacunación, poder conciliar salud y economía con la posibilidad de la máxima recuperación económica.
El jefe del Ejecutivo recordó que también están vigentes en las Islas otras restricciones fundamentales para la gestión óptima de la pandemia, como los controles en puertos y aeropuertos, el uso de mascarillas, los horarios de la restauración y comercios, o las limitaciones en ciertos espacios por los índices existentes, entre otras restricciones. No obstante, considera crucial ese aval del TSJC sobre las reuniones porque, “con o sin toque de queda, impide que pueda haber aglomeraciones. Además, Salud Pública dice que esa es la medida más importante”.
Según expuso el presidente Torres, Canarias siempre ha dado preponderancia máxima a las indicaciones de Salud Pública, “cuyos informes nos son prioritarios y vinculantes. Nosotros creemos que debemos cumplir con los consejos de los expertos sanitarios porque, por nuestra gran dependencia del exterior y del turismo, es la mejor forma para recuperar cuanto antes la economía y los visitantes desde los principales países de origen”.
El presidente también resaltó la relevancia de que, el próximo 17 de mayo, la UE ya afronte la actualización de la estrategia de las Regiones Ultraperiféricas (RUP), entre otras cuestiones para tener en cuenta la pandemia de la COVID y los fondos europeos de recuperación. El último documento data de 2017 y en esta ocasión se quiere abordar la necesidad de un certificado digital que garantice viajes seguros en el continente, para así reimpulsar lo antes posible el principal sector económico de islas como las canarias. Según Torres, ese certificado debe aprobarse de forma urgente y ha de ser “unitario” y para toda la UE, con la inclusión además del Reino Unido.
Asimismo, según dijo el presidente, esa actualización tiene que reforzar los servicios sociales en las RUP por su lejanía; apostar por una transición ecológica “justa”; minimizar el impacto de las tasas aéreas en economías eminentemente turísticas y tan dependientes de la movilidad, y afrontar desde la solidaridad y con respuestas realistas, eficaces y cohesionadas el fenómeno de la migración irregular.
Torres también contrastó la gestión y adjudicación de obra pública en la presente legislatura frente a lo ocurrido con el Gobierno anterior. Así, remarcó que, en 2018, se ejecutaron 63 millones de euros, lo que supuso el 26% de la partida disponible, frente a los 104 millones en 2020, en plena pandemia. Esta última cifra representa el 60% y supone un claro salto.
El presidente subrayó que su Ejecutivo desbloqueó, adjudicó y está desarrollando los trabajos de la segunda fase de la carretera de La Aldea (en Gran Canaria: 13,4 millones de euros), aparte de dar un impulso presupuestario determinante a proyectos fundamentales, como el cierre del anillo insular de Tenerife (18 millones), la IV fase de la circunvalación de Las Palmas (10,5) o el enlace de Las Chafiras-Oroteanda (4,4), en el sur de Tenerife.
Además, se han reactivado otras iniciativas muy relevantes que no contaban con partida y que se han tenido presentes desde los presupuestos de 2020. Entre estos trabajos, destacan los 11,5 millones para la carretera Bajamar-Tajuya (Tenerife), los 6,1 para Puerto del Rosario-Caldereta (en Fuerteventura), los 5,3 para la vía LP-2, entre Los Llanos y Tazacorte (5,3 millones), o la de LP-1, entre Los Llanos y Tijarafe (3,6 millones).
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