Zona de bares y restaurantes del barrio del Puerto de Tazacorte.
Las organizaciones Ben Magec, Ecologistas en Acción y la Asamblea Ecologista de La Palma han presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias el escrito de demanda contra la aprobación del Plan Territorial Especial Turístico de La Palma (PTE). Esta demanda, que es ya la tercera que presentan las asociaciones ecologistas de Canarias contra el PTE de La Palma, solicita la nulidad de este plan por las múltiples irregularidades en su tramitación y por el incumplimiento de leyes de ámbito canario, estatal y europeo.
Las asociaciones ecologistas han decidido recurrir ante los tribunales después de que hayan sido desestimadas más de mil doscientas alegaciones que advertían de numerosas anomalías e ilegalidades del plan. "Consideramos que este recurso es necesario para subsanar cuanto antes la situación de inseguridad jurídica del PTE así como para limitar el uso irresponsable de nuestro territorio promovido por dicho plan".
En este sentido, los ecologistas aventuran "el más que probable fallo judicial contrario al PTE que va a suponer la caída en cascada de todos los planeamientos y proyectos que de éste se hayan derivado". Recuerdan que los planeamientos municipales se encuentran en fase de adaptación a las determinaciones del PTE.
"Como ejemplo de las ilegalidades que contiene el PTE ya existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, del 26 de enero de este año, que anula la norma 23 del plan que pretendía dar cobertura legal a todas las camas turística que no cumplían con la normativa establecida", explican.
Además, aseguran que "ha sido redactado vulnerando la normativa vigente y este plan turístico ha pretendido dar cabida a cuanto interés especulativo hubiera, con propuestas de campos de golf, puertos deportivos y macrohoteles sobre suelo rústico de alto valor agrícola, cultural y ambiental". "Sus efectos perjudiciales sobre la economía, lo social y lo medioambiental son más que conocidos, lejos de cualquier modelo de economía sustentable que nos ponga en el camino de un uso más equitativo de nuestro territorio".
Los ecologistas señalan que la responsabilidad de esta situación, en la coyuntura económica local y mundial en la que nos encontramos, "recae directamente sobre los políticos que, cómplices de los lobbies de la especulación, no dudan en usar las instituciones y los fondos públicos para legitimar el expolio de nuestros recursos". "La redacción de estos planes implica una gran inversión de recursos humanos y económicos durante largos periodos de tiempo, con lo que su posible anulación supondrá un gran despilfarro de dinero público".
Los ecologistas aseguran que "de esto sólo puede deducirse el desprecio que estos políticos sienten por la democracia, por la confianza que han depositado en ellos sus electores y por el territorio que nos ha tocado cuidar para las futuras generaciones". "Queremos también dejar constancia del éxito que está teniendo la campaña de colaboración ciudadana para sufragar los costes de esta demanda y que ya ha cubierto más del 80% del objetivo marcado, lo que nos hace percibir una cada vez mayor preocupación e implicación de la sociedad palmera sobre su territorio".
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