Un total de 65 empresas de La Palma se han acogido a sus ERTE específicos, con 514 trabajadores afectados

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado este jueves que un total de 65 empresas de La Palma se han acogido a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) específicos contenidos en el decreto de prórroga de los ERTE hasta el 28 de febrero de 2022.

Durante el debate de convalidación en el Pleno del Congreso del decreto que extiende este instrumento, así como las ayudas a los autónomos hasta finales de febrero, Díaz ha señalado que estos ERTE específicos de La Palma afectan por el momento a 514 trabajadores.

La norma que prorroga los ERTE incluye medidas acordadas con los agentes sociales para ayudar a las empresas y trabajadores afectados por la erupción del volcán en la isla de La Palma y en el conjunto de Canarias. Estos ERTE específicos también se sujetan al plazo máximo del 28 de febrero, pero dejando la puerta abierta a prorrogar estas medidas más allá de esa fecha.

Así, los trabajadores de La Palma en ERTE tendrán protección y las empresas se beneficiarán de exoneraciones de hasta el 100% de las cotizaciones sociales en el caso de ver totalmente impedida su actividad y de hasta el 90% en el caso de limitación de la actividad.

Al mismo tiempo, se establece un prestación extraordinaria de cuatro meses de duración para los autónomos de La Palma afectados por la erupción.

Acciones formativas en las próximas semanas 

Por otro lado, la ministra Díaz ha anunciado que en las próximas semanas se convocarán acciones formativas, dentro de la formación subvencionada, dirigida principalmente a trabajadores en ERTE.

El decreto que prorroga los ERTE pone el acento en la formación de los trabajadores que aún quedan en este instrumento, unos 230.000, de los que un tercio se encuentran trabajando a tiempo parcial.

En concreto, a partir del 1 de noviembre entrará en vigor un nuevo esquema de ERTE en el que las exoneraciones de mayor cuantía estarán ligadas a que las empresas den formación a los trabajadores suspendidos de empleo. Junto a estos ERTE formativos se mantendrá la modalidad de ERTE de impedimento, vinculada a la limitación de actividad ante posibles restricciones.

Las empresas en un ERTE de impedimento pasarán a tener una exoneración del 100% de la aportación empresarial devengada a partir de noviembre de 2021, durante el periodo de cierre, y hasta el 28 de febrero. En el caso de los nuevos ERTE, las exoneraciones serán mayores si las empresas imparten acciones formativas –entre 30 y 40 horas de formación por persona, en función de su tamaño, cuando la jornada esté suspendida–.

Estas actividades formativas, que deberán realizarse antes del 30 de junio de 2022, se vinculan con un aumento del crédito que se utiliza para financiar la formación programada recogida en Ley del sistema de formación profesional para el empleo.