Calle Real de Santa Cruz de La Palma.
El proyecto de ley reguladora de la Licencia Comercial tiene por objeto regular la implantación, ampliación y traslado de superficies comerciales al por menor adaptando su contenido a los nuevos criterios impuestos por la Unión Europea en la Directiva relativa a los Servicios en el Mercado Interior. El espíritu del proyecto de ley propuesto por el Gobierno canario promueve garantizar el equilibrio entre los distintos modelos comerciales en Canarias, sin olvidar la necesidad de atender las variaciones de la demanda de los consumidores. Todo ello, manteniendo medidas de control sobre la afección medioambiental y territorial que puede generar la instalación de grandes establecimientos y centros comerciales, tal y como permite la propia normativa europea para territorios con especiales características geográficas como Canarias.
Éstas son algunas de las ideas que ha expuesto en La Palma el director general de Comercio del Gobierno de Canarias, Arturo Cabrera, en un acto organizado por Coalición Canaria en la Isla de La Palma, consistente en una conferencia-coloquio denominada "La nueva Ley de Licencia Comercial y su adaptación a la Directiva de Servicios", a la que se ha invitado a participar a los agentes económicos y sociales de la Isla.
Los términos del proyecto de ley son fruto de un amplio proceso participativo en el que el Gobierno canario ha escuchado y estudiado las propuestas emitidas al respecto por distintos colectivos, asociaciones, grupos empresariales, administraciones públicas, representantes de los consumidores, agentes sociales, entre otros. El proyecto de ley está en estos momentos en trámite y se espera que su aprobación definitiva se produzca durante el mes de diciembre.
El texto mantiene viva la existencia de la licencia comercial por motivos territoriales y medioambientales, causas justificativas aceptadas por la normativa europea para establecer una excepción a la norma general de abolir las licencias comerciales específicas en todo el territorio comunitario.
El Gobierno canario considera que las peculiares características territoriales y ambientales de Canarias son motivo sobradamente justificado para que la UE acepte que este archipiélago mantenga cierto control sobre la implantación de nuevos establecimientos comerciales en un territorio fragmentado, escaso y con numerosos espacios naturales protegidos, planteamiento que cuenta con el respaldo del criterio del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de España.
La norma define centro comercial como unidad comercial constituida por el conjunto de establecimientos comerciales situados en un mismo recinto, vinculados entre sí por una planificación, gestión, promoción y administración común en los que se ejerzan las actividades de forma empresarial independiente y, en los que puedan existir, en su caso, como de uso complementario, establecimientos dedicados a actividades de ocio, restauración u otras. Se consideran también centros comerciales, los parques comerciales integrados por un conjunto de edificaciones de uso comercial, ubicados en un mismo área común urbanizada.
Las licencias comerciales se otorgarán valorando 11 criterios descritos en el proyecto de ley. La mayoría de estos criterios están relacionados con cuestiones ambientales, accesibilidad viaria, preservación de espacios, sostenibilidad ambiental y revitalización de entornos. También está incluido un criterio sobre calidad del empleo y compromiso de incorporación al mercado de colectivos de difícil inserción, defensa de los derechos de los consumidores o la promoción de nuevas tecnologías.
El proyecto de ley crea la figura de los planes territoriales especiales de grandes equipamientos comerciales, en los que se detallará la ordenación por cada isla de las zonas habilitadas para la instalación de establecimientos comerciales. La licencia comercial específica deberá respetar lo contenido en dicho plan, siendo sólo apto un proyecto si coincide con lo previsto en la planificación. Estos documentos de planificación medirán el impacto en cada isla sobre el sistema viario, las infraestructuras y servicios públicos, el entorno urbano y natural y la contaminación atmosférica y lumínica.
El proyecto de ley realiza un notable esfuerzo en la simplificación y modernización administrativa en materia de comercio, siendo éste uno de los principales objetivos de la Directiva relativa a los Servios en el Mercado Interior. El texto promueve la creación de una ventanilla única en la que el promotor de una instalación comercial podrá canalizar todos los trámites administrativos necesarios para abrir, trasladar o ampliar un establecimiento comercial.
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