Amado amo: El Defensor, frente al pueblo

Reproducimos artículo remitido por la Iniciativa Ciudadana, ante el informe del Defensor del Pueblo:

El pasado día 9 de diciembre, de forma sospechosamente premeditada y sincronizada la Iniciativa recibió, tanto del Defensor del Pueblo y como del Diputado del Común de Canarias, la respuesta al manifiesto que resultante de la manifestación del pasado 14 de Diciembre de 2021, presentamos como reclamación ante ambas instituciones. Paralelamente también hicieron llegar a Europapress la nota de prensa en la que el Defensor del Pueblo considera “adecuadas” las medidas de reparación adoptadas tras la erupción del volcán de La Palma.

Ese departamento del estado ha emitido un extenso informe elaborado tras prácticamente un año de investigación y de reuniones con las diversas administraciones que directa o indirectamente están participando de la reconstrucción, así como del análisis de la documentación aportada por las mismas. En el mismo ha terminado con un solemne pero oficial carpetazo a las demandas de la ciudadanía afectada por la peor crisis volcánica de Canarias desde hace 500 años. Cabe recordar que dicho manifiesto fue desarrollado, suscrito y refrendado por todas las asociaciones de vecinos y por las plataformas que agrupan a los más de 7.800 afectados, y que fue presentado en persona el registro de la Sede del Defensor del Pueblo en Madrid por la Iniciativa Ciudadana de Apoyo a los Afectados por el Volcán de La Palma.

Eufemismo dónde los haya el término “Defensor del Pueblo”. Organismo de altos cargos, y sueldazos, como los del comisionado para la reconstrucción, que disfrazado de medias verdades e incongruencias nos transmite en su documento de 27 páginas (con párrafos repetidos) el amplio análisis de las reuniones, conferencias, análisis de la normativa, de las subvenciones a instituciones y organismos públicos instrumentales, los informes de las diferentes administraciones y demás demagogia clásica de un alto cargo que tiene más en cuenta la defensa de las organizaciones que gestiona su partido, que en defender las lícitas demandas de los que se presupone representa: el pueblo afectado por el volcán.

Cabe recordar en este punto que cuando hicimos entrega por registro de entrada en la Sede del Defensor del Pueblo, y nos reunimos con su jefa de prensa, el Defensor se negó a recibirnos y a escucharnos. Eso sí, tan solo 30 minutos después de haber registrado el manifiesto en su sede este lanzó una nota de prensa diciendo que “abría de oficio” una investigación de lo ocurrido, cuando en realidad fue como resultado de nuestra queja. Otra falsedad.

Tampoco se dio por enterado cuando nos manifestamos en la puerta del Congreso de los Diputados en Madrid, siguió haciendo el mutis por el foro. Y tras quince largos meses de reivindicaciones, manifestaciones y escritos a las diferentes administraciones reclamando las actas del PEVOLCA, o los criterios de reparto de las donaciones, así como otra mucha información pública que nos afecta a los afectados… nada hizo por conocer o dar contexto a nuestra realidad.

Pero hete aquí que, casualmente, cuando su informe ya estaba redactado con toda la información aportada por los suyos, las administraciones, este señor viaja a La Palma en octubre pasado, y junto con otros altos cargos, se reúne con los afectados por escasos 90 minutos de su preciado y solemne tiempo. Si, 90 minutos de tiempo para tener la gracia y la suerte de trasladar lo que venimos reivindicando desde hace más de 15 meses los más de 7.800 damnificados y afectados por la catástrofe.

Esa es la contundente ecuación: 15 meses para reunir, analizar y estudiar la respuesta de la Administración, frente a 90 minutos para atender y escuchar la realidad de 7.860 afectados.

Es verdad que los grandes beneficiarios de la catástrofe, las administraciones e instituciones, están hoy muy contentos con el informe del Defensor del Pueblo ya que en él les absuelve de toda negligencia o dolo y refuerza sus intereses. Al fin y al cabo, ellos han sido los grandes agraciados de la catástrofe y como buen vasallo, Ángel Gabilondo da por buenos los datos del informe elaborado por La Moncloa y otras administraciones en el que incluye conceptos tan estúpidos y propagandísticos como “la declaración de interés público de las conexiones marítimas Huelva-Santa Cruz de Tenerife y Huelva-Las Palmas”, , “15 millones de euros para la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera”, “10 millones de euros para los municipios del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente”, “2 millones para obras del Parador de Turismo”, “12,5 millones para el Plan Especial para la Recuperación Turística”, plan que la patronal turística de la isla de La Palma y su Consejero de Turismo denunciaban hace un mes que no se había ejecutado. O el apoyo a un festival de música, STARMUS, que nunca se celebró, o los más de 400.000 euros para la participación ciudadana y la resiliencia, Revivir el Valle, en la que no se participa en la toma de decisiones. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Merece un análisis detallado el informe con los datos que están disponibles en el informe de defensa del gobierno y las administraciones: https://www.mpr.gob.es/prencom/notas/Documents/2022/060622-informe_palma.pdf

Nada dice en su informe por ejemplo de la ocupación ilegal de terrenos, casas y propiedades por parte del Cabildo a la hora de construir la carretera, de la falta de transparencia de las administraciones, o de la ocultación de informes, no se manifiesta en absoluto sobre la condena al olvido de las segundas viviendas y de otras propiedades. O de cómo vamos a vivir los que tenemos nuestros negocios y casas en los barrios de Puerto Naos o La Bombilla.

Pero todo ello parece fantástico para el Defensor del Pueblo. Todo correcto y nada que objetar. Qué más da que lo ejecutado, invertido y gastado que no esté vinculado a las necesidades vitales de los afectados, o que no exista seguridad jurídica para recuperar lo perdido, o que se expropia nuestras propiedades sin ninguna base jurídica lo cual es un flagrante delito. Eso a Don Ángel Gabilondo no le interesa, parece ser que esa parte de la administración o del cumplimiento de la Ley, no entra en sus cometidos de Defensor del Pueblo.

Pero entre líneas, el Defensor del Pueblo no puede más y la traiciona el momento de crisis que vivimos los afectados y desliza el reconocimiento de que “es comprensible que las personas afectadas puedan considerar las medidas adoptadas lentas e insuficientes” y, continúa, la “difícil situación” en la que se encuentran, tras haber visto destruidas sus viviendas y sus tierras, y que aspiran a reconstruir sus vidas y a recuperar la normalidad.

Estas reflexiones del señor Gabilondo fueron las cuestión que motivó el manifiesto y la denuncia presentada hace un año en su oficina. Hoy, en 27 páginas de informe, dice una cosa y lo contrario.

No es posible bendecir y dar por buenas la gestiones, coordinación, inversión y celeridad de las tres administraciones y al mismo tiempo reclamarles “que se incrementen sus esfuerzos para resolver las solicitudes pendientes relativas a ayudas por la pérdida de la vivienda habitual”, y “recomendar al Ministerio de la Presidencia, que se estudie la conveniencia y oportunidad de la adopción de un marco legal específico para las emergencias y catástrofes, vulcanológicas u de otro origen, de gran magnitud y capacidad destructiva, que transforman la configuración del territorio de manera permanente” hecho que esta Iniciativa reclamó al Comisionado Héctor Izquierdo, en agosto de 2022, que lo hiciese desde donde se debe de hacer, desde La Moncloa. De este señor tampoco hemos sabido nada al respecto.

No es usted, señor Gabilondo, el Rey Salomón, aquel que tomaba decisiones salomónicas. Más bien al contrario, es usted un servidor público que debe velar por que las administraciones cumplan con las leyes y las regulaciones que entre todos nos hemos impuesto en democracia.

Y cuando reconoce que se debe estudiar la adopción de un marco legal específico para las emergencias y catástrofes, vulcanológicas u de otro origen, de gran magnitud y capacidad destructiva, que transforman la configuración del territorio de manera permanente es porque implícitamente reconoce que no contamos con dicha normativa que es necesaria a tenor de los acontecimientos y, por tanto, hoy por hoy no se están solucionando en absoluto las necesidades vitales de los afectados teniendo los gobiernos y las administraciones las capacidades y el deber de obrar y de crear dichos marcos legales.

Pero hoy por hoy, y me atrevería a decir que, gracias a su consagración, usted ha validado una forma de responder a las emergencias que pone en un nivel superior a las administraciones y el gasto de recursos y presupuestos, frente a las necesidades reales, vitales y de sentido común de los afectados. Esto y no otra cosa es lo que usted ha validado con su informe.

Queremos pensar que los suyos, los de Venus, estarán hoy muy satisfechos con el carpetazo dado. Como bien dice en su respuesta a esta Iniciativa el Diputado del Común Don Rafael Yanes Mesa “Su expediente queda, por tanto, archivado en nuestras oficinas”. Al fin y al cabo, un informe cocinado con los datos de ellos, que juzga lo que ellos han hecho, no podría acabar de otra manera dada la falta de ética y tacto demostrada por todos ustedes. Con un carpetazo.

Nosotros los terrícolas, los afectados, nos acordaremos a través de los años de la ignominia, del desamparo y de la falta de empatía y de ética demostrada por usted, los ayuntamientos, el Cabildo, el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España. Y de cómo todos ustedes se protegieron y se ampararon entre si mientras el pueblo sufría y sufre hoy de la peor catástrofe natural de España en magnitud, extensión y en vidas afectadas. Y todo ello sin una sola crítica o reconocimiento a que se podría haber hecho mejor. Nosotros tenemos muchos años para recordarlos. Y la historia les pondrá a todos ustedes en el sitio que corresponde.