El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, participó esta mañana, junto con el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, en una nueva Comisión Mixta para la Reconstrucción, Recuperación y Apoyo a La Palma tras la erupción de septiembre de 2021.
La reunión, celebrada en la sede del Cabildo palmero, contó también con la presencia del titular de la Administración insular, Mariano Hernández Zapata, y con los alcaldes de los tres municipios afectados por la erupción: Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte. A su término, el jefe del Ejecutivo autonómico subrayó los pasos dados en busca de que el decreto ley de planificación y reconstrucción de la isla sea “lo más consensuado posible”, tanto en esta cita de la mañana como en las previstas para esta tarde con los vecinos afectados, que se unen a las convocatorias previas para la búsqueda del máximo acuerdo como gran meta.
Torres considera muy importante que ese borrador de decreto ley salga con el más amplio consenso y la mayor agilidad, poniendo todo el empeño en eso desde las administraciones, si bien matizó que ha de primar “el sentido común” porque no se podrá incluir lo que desean todas las partes, sino llegar a acuerdos pragmáticos y lo más amplios posible dentro de las leyes vigentes.
A su juicio, es “muy importante” la implicación del Gobierno de España, con un ministro de la Presidencia que ha vuelto a visitar la isla para esta Comisión Mixta. Además, subrayó que, tal y como certifican funcionarios públicos de las distintas administraciones, se ha entregado y consignado ya unos 605 millones de euros, con especial énfasis en la gestión de las nuevas viviendas entregadas (261, que en febrero serán 301).
El presidente regional insistió en la agilidad en la respuesta habitacional desde que surge la erupción el 19 de septiembre de 2021 y recordó que hubo más de 600 personas en hoteles. Asimismo, considera una excelente muestra de esta respuesta pública sin precedentes que ya “todas las familias que perdieron su única casa tienen una vivienda provisional, con la excepción de dos personas de distintas familias que esperan por un piso tras renunciar a una casa modular”.
Torres subrayó el hecho de que se les abona el alquiler a 531 familias, que 150 ya han podido proyectar o comenzar a construir sus nuevas casas en suelo rústico gracias al decreto ley “inédito” aprobado el pasado mes de diciembre, así como que haya un total de 829 familias que reciben alguna ayuda habitacional en una reacción pública sin precedentes en las islas tras una catástrofe natural. “Las cosas se han hecho bien”, remarcó.
Un plan de empleo que ha dado trabajo a 3.543 personas
El presidente Torres también recalcó que los 30.000 euros regionales por vivienda perdida “están comprometidos y asegurados en el Presupuesto autonómico de 2023”, que se ingresarán a partir de este mes de febrero y que se suman a las ayudas estatales, las aportaciones de los seguros y los 11 millones para enseres, entre otras cantidades. Asimismo, se refirió a los 30 millones para el sector primario que ya se han entregado, que se han visto reforzados por unas ayudas extraordinarias del Posei, o los planes de empleo desarrollados en 2022, que han dado trabajo a 3.543 personas y que se renovarán este año, con una firma del acuerdo que se prevé para este mes de marzo.
Torres aludió, a su vez, a los 38 millones para la obra de emergencia por la que se crea una vía sobre la lava que unirá Tazacorte y Puerto Naos, así como a las actuaciones en la red de riego o desaladoras.
Por su parte, el ministro Bolaños anunció que, durante la Comisión Mixta de hoy, se aprobó un nuevo informe que incluye todas las ayudas aportadas hasta el pasado 31 de diciembre de 2022, texto que se remitirá ahora al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. Además, subrayó el real decreto ley aprobado el pasado mes de diciembre para prorrogar las medidas estatales de apoyo a La Palma, que se convalida el próximo martes en el Congreso y para el que espera el máximo apoyo parlamentario.
Asimismo, Bolaños se refirió a los convenios con el Cabildo y el municipio de Los Llanos de Aridane por valor de 24 millones de euros para reconstruir infraestructuras, las medidas fiscales aplicadas desde que surge la crisis, la atención especial a los vecinos de La Bombilla y Puerto Naos cuyas casas se ven afectadas por los gases, los 500 millones ya aportados por el Estado o los 140 millones que contemplan los Presupuestos Generales de 2023 para la isla, con plan de vivienda, de empleo y de salud mental, entre otros. Según insistió, el compromiso “es total y lo seguirá siendo hasta que se recuperen todos los proyectos de vida y el futuro sea mejor que antes de la erupción en la isla”.
Hernández Zapata indicó que las administraciones no descansarán hasta dar soluciones habitacionales a todos y todas, y destacó el decreto ley autonómico que ha permitido otorgar 150 licencias urbanísticas en suelo rústico “a familias que miran el futuro con más optimismo”. Resaltó que se volcarán en resolver los problemas de financiación y de gastos corrientes.
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