Agricultores afectados por el volcán piden poder volver a trabajar sus tierras ya y recuperar su vida

Más de 200 personas se congregaron ayer lunes, 1ª de Mayo, en el Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte. Una fecha señalada para los agricultores con fincas sepultadas por el volcán que demandan con urgencia poder volver a trabajar sus tierras y recuperar su vida.

Los agricultores afectados según indican en un comunicado han encontrado en la institución bagañeta, un sólido apoyo de la administración en las figuras de Juan Miguel Rodríguez y David Ruiz, teniente de alcalde y alcalde respectivamente del municipio.

Juan Miguel Rodríguez manifestó que “aún puede redirigirse la situación. La unidad política, demandada desde el inicio de la erupción por el presidente del gobierno, empieza necesariamente por escuchar a los afectados y atender a sus demandas. Es necesario, por tanto, empezar la reconstrucción con un plan que sea de utilidad para todos los agricultores. Más en un municipio como Tazacorte, que hasta septiembre de 2019 contaba con la mayor superficie agrícola de Canarias respecto a su superficie total, y hoy ve sepultado el 30% de su territorio.”

Amable del Corral, presidente de Palca, insistió en que la administración debe escuchar y tomar nota de las propuestas y necesidades de los afectados, y que sin ellos no es viable una reconstrucción para todos. Palca defiende la sorriba con ayudas públicas para los que quieran hacerla, concentración parcelaria voluntaria para los que no deseen sorribar sus fincas, y una indemnización para las personas que no quieran o puedan seguir con el cultivo.

David Ruiz, recalcó la necesidad de que el Cabildo modifique la zona de exclusión para poder hacer efectivas las licencias de obra que se están emitiendo desde el Ayuntamiento para la reconstrucción agrícola, ya que los 50 metros propuestos por el gobierno insular son “directamente, inaceptables e insuficientes para replantear una verdadera recuperación del suelo agrario”. Asimismo, mostró su apoyo para la búsqueda de soluciones basadas en tres alternativas planteadas por los afectados.

Los agricultores afectados reivindican que se trata de empezar ya, de manera ordenada, con proyecto y licencia de obras a recuperar las fincas arrasadas por las coladas del volcán de Cumbre Vieja, y que, tras ya más de 500 días del final de la erupción, no puede dilatarse más.

Los agricultores presentes manifestaron que actualmente no es posible reconstruir sobre las coladas porque el Cabildo de La Palma las calificó como Zona de Exclusión por razones de seguridad, mediante un Decreto en octubre de 2022. Dicho decreto fue modificado el pasado mes de abril. No obstante, señalan, dejó fuera de dicha modificación, toda posibilidad de intervención sobre las fincas agrícolas de Tazacorte. Reivindican por ello que esta situación en breve sea subsanada para poder empezar a sorribar fincas agrícolas en condiciones de igualdad.

Y es que, según manifiestan los agricultores, “la Administración ha llevado a cabo decenas de actuaciones sobre las coladas desde que terminó la erupción, por lo que reivindicamos el mismo derecho a reconstruir sobre nuestros terrenos, ya ha quedado demostrado que es viable y seguro hacerlo”.

Han sido numerosos los esfuerzos económicos y humanos orientados a la reconstrucción de las fincas: desde la convocatoria de ayudas del PDR (Programa de Desarrollo Rural) realizada por la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias para las fincas parcialmente sepultadas, las bonificaciones del 95% en las tasas por las licencias de obra emitidas para la reconstrucción, la reducción de los costes de visado de los Colegios Profesionales de los redactores de los proyectos. Ninguna de estas medidas resultará de utilidad, advierten, si desde el Cabildo no se permite recuperar las fincas mediante una modificación consistente de la actual zona de exclusión, añaden.

Los afectados reunidos exigen la aplicación de las tres vías para la recuperación de la normalidad agraria del Valle de Aridane. Un marco en el que hace meses existe consenso entre los afectados, y que se centra en el “derecho a decidir”.

Las vías reclamadas son tres: Concentración parcelaria y ejecución pública de las obras; sorriba de la superficie original de su finca con ayudas públicas y ayuda directa y justa al productor por la superficie de su finca perdida, para poder seguir su vida.

También reclaman que se garanticen ya las ayudas necesarias tanto de renta como de POSEI para el sustento de sus familias, trabajadores y aparceros hasta la entrada en producción de las fincas, puesto que con el modelo que pretende aprobar mediante decreto ley La Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, no existe garantía alguna de mantenimiento de las ayudas durante el tiempo que dure la concentración parcelaria propuesta, que “no tiene fecha estimada de finalización”. Se avecina, alertan, “la firma de una sentencia que nos condenará irremediablemente durante 15 o 20 años”.