Una gran mayoría de gobiernos autonómicos, todos los del PP y el socialista de Castilla-La Mancha, se han pronunciado tajantemente contra la delegación a Cataluña de las competencias de inmigración pactada por PSOE y Junts, en medio de una incesante polémica que ha encendido estos días el debate político.
Incluso en Cataluña ha suscitado debate este acuerdo y, desde el Govern de ERC, el president Pere Aragonès ha dejado claro que al ser independentistas ansían tener “todas las competencias de inmigración”, pero también ha cargado contra el partido de Carles Puigdemont por su discurso sobre la inmigración.
Enredado con el debate generado por declaraciones que relacionan inmigración e inseguridad y que tienen su origen en quejas por la distribución de los inmigrantes llegados a Canarias, lo cierto es que la pactada delegación a Cataluña de competencias en este ámbito continúa en la indefinición.
El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha reconocido que con el PSOE pactaron “que se tomaba la decisión política” para “delegar competencias” a Cataluña para la “gestión integral” de la inmigración, aunque no el contenido en sí de la ley orgánica que materializará esa cesión.
Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que hablará con los grupos parlamentarios y las comunidades autónomas para revisar las políticas sobre inmigración y hacerlas más eficaces, dejando claro que el control de fronteras “no se puede transferir”.
Hablar es lo que quieren también los ‘barones’ del PP, que han vuelto a exigir por escrito a Sánchez que convoque la Conferencia de Presidentes.
De acuerdo con la información recabada ante los gobiernos autonómicos por las delegaciones de EFE, solo el ejecutivo vasco (PNV-PSE) seguiría a Cataluña en la cesión competencial.
Mientras el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reclamado que el Gobierno transfiera ya a Euskadi las competencias sobre acogida de migrantes, que recoge el acuerdo PNV-PSOE para la investidura de Sánchez, fuentes del Gobierno Vasco han precisado que, si el Estado concediese una transferencia “total” en esta materia a Cataluña, Euskadi también la reclamaría.
De los tres ejecutivos autonómicos del PSOE, el asturiano prefiere no pronunciarse por ahora y el navarro reconoce que nunca se habían planteado reclamar lo que se está hablando, aunque estudiarán el acuerdo al que se llegue y después decidirán qué hacer.
Eso, a pesar de la reciente afirmación de la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, que preguntada al respecto contestó: “Junts no marca la agenda”.
El otro gobierno socialista, el castellanomanchego de Emiliano García-Page, que ha dicho que “con las cosas de comer no se puede mercadear”, considera que la inmigración tiene que formar parte de las competencias del Estado, por lo que no va a solicitarlo.
Canarias, adonde llegan la mayoría de inmigrantes que luego son distribuidos por la península y que centra sus reivindicaciones en la atención de los menores que llegan, que es competencia suya, está también en contra y su presidente, Fernando Clavijo (CC), no acepta que haya “una Cataluña aparte a la hora de asumir inmigrantes”.
Entre los gobiernos del PP, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado el pacto de PSOE con Junts, una formación de la que ha deslizado su carácter “xenófobo”.
Según Ayuso -señalada ella misma por dirigentes socialistas como “racista” tras asegurar que en el municipio de Alcalá de Henares, al que el Gobierno central ha enviado 1.200 inmigrantes desde Canarias, se han producido reyertas graves y se están investigando agresiones sexuales-, supone la creación “de facto” de una nación “con el dinero de todos los españoles”.
El ejecutivo andaluz de Juanma Moreno tiene “muy claro” que las competencias en inmigración son estatales, por lo que no las va a solicitar, ya que eso sería “blanquear” una “nueva cesión” de Sánchez ante los independentistas catalanes.
Desde el Gobierno de Aragón apuntan que sería un agravio comparativo pare el resto de comunidades y, sobre todo, rompería con la solidaridad y responsabilidad que los territorios han de tener entre ellos al afrontar los retos migratorios.
En Baleares, el Govern, que reclama una conferencia sectorial para que el Gobierno informe de manera clara sobre este asunto, entiende que, dado el alto nivel de coordinación que requiere, la política migratoria debe ser competencia estatal.
La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, considera un “disparate” traspasar las competencias de inmigración cuando deben ser política de Estado y ha asegurado que su Gobierno se opondrá “con todos los mecanismos” jurídicos y políticos a su alcance.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León ha icho a EFE que es una competencia que tiene y debe tener el Estado y ha recordado que ya han trasladado su malestar cuando el Gobierno la ha ejercido sin colaborar con las autonomías, como en la última distribución de migrantes procedentes de Canarias.
El Gobierno valenciano ve “fuera de lugar” todos los acuerdos “de cesiones a los independentistas y separatistas catalanes”, que surgen por la necesidad de apoyos de Pedro Sánchez, y no cree que se hagan en beneficio de los ciudadanos.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha criticado esta y otras “cesiones” a Cataluña y ha advertido de que “perjudican” a Galicia, por lo que va “a analizar en detalle” lo que suponen, sin concretar qué medidas podría adoptar.
Y el presidente murciano, Fernando López Miras, ha calificado de ”barbaridad”, “retroceso” y “frivolidad” el ”trocear en diecisiete” las competencias en inmigración.
El Gobierno de La Rioja está a la espera de que Pedro Sánchez explique este traspaso competencial ante de opinar y el extremeño no ha trasladado su parecer al respecto.
Sí se ha posicionado el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, también del PP, que ha calificado esa delegación competencial como una “grave vulneración” de los principios constitucionales de “igualdad”. E
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