Tras la reunión celebrada por la Junta de Portavoces del Cabildo de La Palma, todos los grupos políticos presentes en la Corporación han decidido apoyar una Declaración Institucional a favor del sector platanero.
Esta declaración pone de relieve el daño que para las para las producciones de plátanos de Canarias, en general, y de La Palma ,en particular, va a suponer el acuerdo alcanzado por la Unión Europea con la Organización Mundial del Comercio y los Productores Latinoamericanos para la reducción del arancel a aplicar sobre el plátano, que pasa de los 176 euros actuales a los 148 euros en una primera fase, con una progresiva reducción hasta llegar a los 114 euros por tonelada, en ocho años.
Dicha declaración señala que no sólo es este acuerdo el que se cierne como amenaza de las producciones plataneras de Canarias, sino que a éste hay que añadir las compensaciones de 200 millones de euros, decididas por la Unión Europea para los países ACP.
Todos los grupos del Cabildo consideran de forma unánime que dado que estos acuerdos son profundamente lesivos para los intereses de los productores comunitarios de plátanos, y vista la enorme repercusión que estos acuerdos van a tener en la economía de la Isla, es preciso instar al Gobierno del Estado y a la Unión Europea, para que no se lleven a efecto en los términos establecidos.
Al mismo tiempo, hay que demandar enérgicamente todas aquellas medidas que garanticen un nivel de rentas justo para los agricultores. Demandas que tienen que pasar necesariamente por pedir a la Comisión Europea la actualización de las ayudas a los productores comunitarios de plátanos, además de, al Gobierno del Estado, la subvención al 100 % del transporte a la Península.
Por todo ello, la presidencia y los portavoces de los grupos políticos que integran la Corporación han acordado solicitar al Gobierno de Canarias y al Gobierno del Estado que realicen cuantas gestiones sean necesarias para evitar nuevas reducciones del arancel.
Asimismo, piden que, a través del Gobierno del Estado, se lleve a cabo las gestiones que sean precisas ante la Comisión Europea, para que se actualicen las ayudas a los productores comunitarios, en caso de que la situación de las rentas de los agricultores lo precisen, y también que se ponga en marcha cuanto antes las ayudas al transporte, de manera que el objetivo final sea la reducción del 100 % del coste de dicho transporte.
