La Asociación de Empresarios del Suroeste de La Palma (Esuropal) presentará al Gobierno de Canarias un documento con las sugerencias que se deben tener en cuenta en la nueva Ley del Suelo para "evitar caer en los enormes errores de la ley anterior y que tanto daño le ha hecho a la sociedad y a la economía de la isla de La Palma".
El establecimiento de estrategias de desarrollo socioeconómico para los municipios, las comarcas y la Isla tiene que ser la base de partida necesaria a la hora de formular los instrumentos de planeamiento urbanístico y el planeamiento insular. Se trata de establecer las bases fundamentales para el desarrollo futuro del territorio.
"Entendemos -indica la Asociación- que es importante establecer claramente las competencias teniendo en cuenta la necesidad de que algunas sean asumidas por administraciones supramunicipales, dado que para ayuntamientos pequeños sería una carga excesiva, que en muchos casos podría impedir el desarrollo de sus propias competencias. Entendemos que en estos casos la nueva ley debe posibilitar el traslado de algunas de esas competencias a los Cabildos".
Para el sector primario, tan importante para la isla de La Palma, plantea Esuropal que la ley debe dejar claro que los suelos rústicos de protección agrícola y protección paisajística deben permitir la explotación sostenible de los recursos que esos espacios albergan y la ley debe establecer claramente la posibilidad de introducir actividades económicas.
En lo que respecta al sector industrial y terciario, plantea que la función de ordenación urbanística pormenorizada de sectores que tengan carácter estratégico o de interés insular se otorgue a los planes insulares.
En el sector turístico propone que el marco de ordenación específico de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, al amparo de la Ley 6/2002, ha de quedar claramente integrado en la nueva Ley del Suelo, manteniendo explícitamente su vigencia. La nueva ley debe garantizar -señala- la compatibilidad de usos turísticos, con la introducción de establecimientos alojativos de pequeño y mediano tamaño, con la actividad agrícola que se desarrolle en los suelos de protección agraria, debiendo considerarse el uso turístico en el modelo de las islas verdes como un uso de carácter complementario al del propio suelo agrícola.
Por otra parte, considera que la prohibición que se prevé en el anteproyecto de ley respecto a la introducción de proyectos de interés insular o autonómico en suelo rústico de protección ambiental, representa en el caso de las islas verdes un "serio impedimento para el establecimiento de dichos proyectos, especialmente los vinculados a los equipamientos estructurantes de carácter turístico".
