El Cabildo de La Palma contará con 200.000 euros para la adaptación de viviendas para personas con discapacidad y/o dependencia. Esta partida se incluye en un suplemento de crédito destinado a apoyos técnicos y adaptaciones para eliminar cualquier tipo de barrera y lograr espacios que garanticen la accesibilidad universal.
La consejera de Acción Social y Vivienda, Ángeles Fernández, ratifica “el compromiso de la corporación insular con las personas con discapacidad o en situación de dependencia, así como a las entidades que colaboran con ello”.
En este sentido, recuerda que el presupuesto del Cabildo cuenta con casi 15 millones de euros para apoyar el trabajo de las entidades que trabajan con colectivos vulnerables.
“Disponemos de un total de 42 partidas distintas destinadas a entidades que podrán disponer de estas ayudas de manera directa, sin tener que participar de procesos competitivos, lo que permite seguir apuntalando el tejido de atención social en nuestra Isla”, detalla la consejera.
Asimismo, el Cabildo también trabaja en recuperar el convenio con la Asociación de Discapacitados Físicos de La Palma (Adfilpa) para disponer de un arquitecto técnico que apoye y asesore al sector público y al privado en la eliminación de barreras arquitectónicas.
“A este Grupo de Gobierno sí le preocupan las personas”
Con todo, Ángeles Fernández critica la “demagogia y el populismo” de la moción presentada por el PP en el pleno extraordinario de este martes. Una moción en la que pidieron la puesta en marcha de ayudas económicas para la adquisición de ayudas técnicas y adaptación de vivienda habitual de personas dependientes y/o con discapacidad.
“A este Grupo de Gobierno sí le importan las personas”, sostiene la consejera. “Lo hemos demostrado con los cambios que hemos podido aplicar en lo que va de mandato y lo vamos a seguir demostrando. Ese es nuestro compromiso y la sociedad palmera puede estar tranquila”, añade.
Por un lado, la consejera recuerda que durante el mandato anterior el PP, junto con su socio de gobierno, el PSOE, adoptaron la decisión “discriminatoria” de enviar al tercer sector a quienes trabajaban por y para las personas con discapacidad y dependientes a una convocatoria de subvenciones de concurrencia competitiva. Y, por otro, fue el anterior gobierno quien suprimió el convenio con Adfilpa que ahora el Cabildo trata de recuperar.
