Zapata: "Los cambios en la Ley de Cambio Climático acabarán con la maraña burocrática"

El Gobierno de Canarias tiene previsto aprobar en el mes de agosto el decreto ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias con el que introduce “importantes” cambios en esta norma para acabar con la “maraña burocrática” y agilizar la penetración de las energías renovables en las islas, entre otros fines.

Así lo ha manifestado este lunes el consejero de Transición Ecológica y Energía regional, Mariano Hernández Zapata, que ha expuesto el contenido del futuro decreto en el Consejo de Gobierno y que, en la rueda de prensa posterior, ha afirmado que “presenta soluciones reales” y oportunidades de generar empleo y de activar la economía, una nueva manera de implantar las energías renovables de forma “ágil, ordenada y respetando el medio ambiente”.

Se trata de un texto cuyo objetivo es, en última instancia, acelerar la transición energética de las islas, favorecer su descarbonización, y adoptar nuevas medidas claves para la adaptación al cambio climático, enfocadas hacia un futuro más sostenible.

El consejero ha recordado que la modificación de la actual Ley 6/2022 de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias, aprobada la pasada legislatura, es consecuencia de una obligatoriedad planteada por la Comisión Bilateral Canarias-Estado que exigía la modificación de 11 de sus puntos para cumplir con la legalidad y con la Ley estatal a este mismo respecto.

Además, la actual situación de emergencia energética que padece Canarias, declarada el pasado 2 de octubre, así como los objetivos de descarbonización del archipiélago y la necesidad de cumplir con las exigencias marcadas por la Ley Nacional Integradora de Energía y Clima (PNIEC), cuyo objetivo es alcanzar de aquí a 2030 un 58 % de penetración de renovables en el territorio español, (del que actualmente Canarias solo presenta un 20%), han sido otras de las cuestiones más relevantes para motivar esta revisión y cambio.

Con esta modificación, según explicó el consejero de Transición Ecológica y Energía, no solamente se pretende cumplir con la legalidad sino también “hacer un texto más trasversal, operativo y con una importante simplificación burocrática de su contenido”.

Todo ello, con el objetivo de “dar garantías legales que agilicen la tramitación de proyectos de transición energética y adaptación al cambio climático, generando un escenario de confianza para pymes, inversores, empresas y administraciones”.

Pero además “implicando a la ciudadanía y siendo conscientes de la importancia del respeto por nuestro medio ambiente, con acciones más detalladas y realistas”.

Entre las modificaciones principales de dicha ley se plantea dar agilidad a la implantación de renovables garantizando la protección ambiental del territorio, con la creación de las Zonas de Aceleración de las energías renovables, en coordinación con los cabildos insulares.

Además, se agiliza el aprovechamiento de suelos ya en uso, conocidos como antropizados, para implantar energías limpias, y también la diversificación del modelo económico, con la creación de un Plan Formativo Verde, para impulsar el empleo en sectores clave para la transición hacia un modelo productivo bajo en carbono.

Asimismo, para acelerar la mencionada transición energética, garantizando el suministro eléctrico, y basado siempre en el respeto por el medio ambiente, destaca la apuesta por las energías renovables a pequeña escala y el impulso de la participación local con accionariado en nuevos parques solares y fotovoltaicos en los proyectos de más de 2 MW de potencia (hasta un 20%).

Por otro lado, y en lo que respecta a la lucha contra el cambio climático, se crearán los Proyectos de Acción Climática, como fórmula para actuar con agilidad sobre proyectos que mitiguen problemáticas como olas de calor, subida del nivel del mar o aumento de las temperaturas.

Para llevarlos a cabo, se realizará una simplificación de los trámites burocráticos y se darán facilidades administrativas para agilizarlos, como apuesta innegociable y vital para lograr una adaptación real al cambio climático.

Vinculado también a esta adaptación y mitigación, y favoreciendo la gobernanza y comunicación entre organismos públicos, se crea la Comisión Canaria de Acción Climática y Energía, en coordinación y colaboración con las diferentes consejerías del Gobierno y la Oficina Canaria de Acción Climática, dentro de la propia Consejería de Transición, como órgano propulsor de dichas actuaciones.

Asimismo, se propone la creación de la Empresa Pública Canaria de la Energía, como medio propio del Gobierno para la producción y comercialización de electricidad por medio de instalaciones de energía renovable propia, para entes íntegramente públicos de Canarias.

Un ente necesario para lograr los objetivos de la norma, llevar a cabo los mencionados proyectos de mitigación y adaptación y solventar situaciones de pobreza energética.

El consejero ha recalado que la participación de cabildos y ayuntamientos también es fundamental, por lo que se impulsarán instrumentos autonómicos para fomentar su colaboración y coordinación, agilizando la subrogación de competencias: en el caso de los primeros, los Planes Insulares de Acción Climática (PIAC) y en los segundos, los Planes de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES